El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha desestimado cinco recursos interpuestos y ratificado el procesamiento de Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalidad valenciana y exconsejera de Políticas Inclusivas, junto a varios ex altos cargos de su departamento, por su presunta implicación en el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada por su exmarido, quien trabajaba como educador social.
En un auto fechado este jueves, el magistrado se adhiere al criterio de la Fiscalía. El ministerio público concluye que, dado que todos los procesados ya han sido investigados por su supuesta participación en los hechos, no procede repetir el sobreseimiento previamente anulado, ya que esto sería imposible desde el punto de vista procesal. Según la Fiscalía, intentar revertir esta situación colocaría al juez en una postura de resistencia frente a las directrices del tribunal superior que revisa sus decisiones.
El juez, en su resolución, acepta estos razonamientos para rechazar las solicitudes de reforma presentadas por cinco ex altos cargos, las cuales buscaban anular el auto del 21 de junio que ordenaba su procesamiento. Dicho auto, que transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, fue emitido tras una resolución de la Audiencia de Valencia, que ordenaba la reapertura del caso.
El tribunal había estimado parcialmente los recursos presentados por la víctima y por las acusaciones populares, entre las que se encuentran VOX y la asociación Gobierna-te. Estas partes sostenían que existían indicios suficientes para imputar a Oltra y a otros 15 investigados, quienes podrían haber encubierto los abusos al no haber denunciado los hechos ni protegido adecuadamente a la menor bajo su tutela.
La joven, que era menor de edad y estaba tutelada por la Generalidad cuando ocurrieron los abusos, participa en el proceso como acusación particular y solicita tres años y medio de prisión para Oltra, además de 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, petición que también respalda VOX como acusación popular.
El procesamiento se basa en una hipótesis que la Audiencia consideró plausible: que cuando se tuvo conocimiento de los abusos en la Consejería de Igualdad, algunas personas responsables de la protección de la menor habrían intentado ocultar los hechos. El tribunal subrayó que en esta etapa del proceso no se puede descartar la posible comisión de un delito relacionado con el incumplimiento del deber de denuncia y la protección de la menor.
El auto judicial también menciona la existencia de indicios sobre la elaboración de un expediente informativo cuando el asunto ya estaba judicializado, con el presunto fin de verificar la veracidad de las acusaciones de la menor. Para la Audiencia, será en el juicio oral donde se deberán esclarecer todas las circunstancias relativas a los hechos y determinar la tipicidad de las conductas investigadas.
Cabe recordar que, aunque el Juzgado de Instrucción archivó la causa en abril de 2022 al no apreciar delito en la actuación de Oltra y los otros investigados, la Audiencia reabrió el caso en mayo, señalando que los indicios existentes justifican su prosecución. Oltra dimitió de sus cargos en junio de ese mismo año tras conocerse su imputación.
