La ONG Salud por Derecho ha pedido hoy al Gobierno que ponga en marcha medidas que «salvaguarden» la financiación pública destinada a la investigación para medicamentos y vacunas de la COVID-19 y que garanticen que cuando esos fármacos lleguen al mercado sean accesibles a todo el mundo y tengan un precio justo y asequible.
La ONG incluye esta reclamación en el informe «La inversión pública en la I+D en COVID-19», un texto que recuerda que la investigación en vacunas y tratamientos se ha visto disparada en todo el mundo desde el inicio de la pandemia.
Aunque estas investigaciones están siendo impulsadas en su mayoría por gobiernos y organismos públicos internacionales, «si no se toman medidas con urgencia, los derechos de propiedad intelectual de los tratamientos y vacunas que finalmente se desarrollen podrían convertirse en una barrera para el acceso de millones de personas en todo el mundo», advierte el informe.
El documento recuerda la gran cantidad de fondos públicos que se han destinado en todo el mundo a investigar fármacos para la COVID-19, desde los proyectos de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), con 690 millones de dólares de diferentes gobiernos, organismos internacionales y fundaciones filantrópicas, o los proyectos de los programas Horizonte 2020, Innovative Medicines Initiative (IMI) y PREPARE de la Unión Europea, y el fondo de 826 millones de dólares del Gobierno de EEUU.
En una respuesta global sin precedentes, también se han puesto en marcha numerosos ensayos clínicos, con un importante liderazgo público: 557 en China, 424 en Estados Unidos, 360 de ellos liderados por universidades, centros públicos de investigación y entidades sin ánimo de lucro, y 44 en Europa, de los que solo siete están financiados por la industria farmacéutica.
En España, recuerda el informe, hay 31 ensayos en marcha y, de ellos, 23 son no comerciales, y se han destinado 30 millones de euros repartidos principalmente entre dos instituciones: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Sin embargo, es importante, advierte el informe, que España salvaguarde toda esta inversión pública para que cuando los resultados de la investigación pasen de las instituciones públicas a manos de las compañías farmacéuticas, para que desarrollen y comercialicen los tratamientos y vacunas, su acceso esté asegurado y con precios asequibles.
Para ello, es necesario que en España y en la Unión Europe, se incluyan condiciones en los contratos de financiación para garantizar que los medicamentos y vacunas que lleguen al mercado tengan precios justos y que haya acceso abierto a los datos —sin monopolios —para que puedan ser fabricados y comercializados por diversos proveedores.
El informe recuerda que para evitar problemas de precios abusivos, suministro y abastecimiento de vacunas, medicamentos, España cuenta con la posibilidad de suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico, algo que gobiernos como los de Israel, Alemania, Brasil y Canadá ya han hecho.
Además, para asegurar el abastecimiento de los medicamentos necesarios para la protección de salud en esta epidemia, el gobierno también dispone del Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF), organismo responsable de la producción de fármacos y otros recursos médicos «que puede ser clave en este momento», recuerda Salud por Derecho.
El informe concluye que la crisis del COVID-19 «ha vuelto a dejar en evidencia que la agenda de investigación no puede estar definida por los intereses comerciales, sino por las necesidades de la población y ahí los gobiernos y organismos internacionales tienen que asumir su protagonismo».
