De las 37 competencias que reclama el Gobierno Vasco 23 no han sido transferidas a ninguna comunidad autónoma, como la gestión económica de la Seguridad Social y participar en la administración del sector público del Estado.
El Ejecutivo autonómico ha dado a conocer el informe actualizado de competencias sin traspasar a la región vasca que ha remitido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Parlamento de Vitoria.
En la relación de las competencias pendientes de traspaso el Gobierno Vasco especifica aquellas que no han sido transferidas a ninguna comunidad autónoma y que, por la especificidad del autogobierno vasco, reclama asumir.
Entre ellas se encuentra la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a través de la firma de convenios pero manteniendo «su carácter unitario y el respeto al principio de solidaridad».
Otra de las competencias que reclama el Gobierno Vasco y que ninguna otra comunidad tiene es la de participar en los órganos de administración y gestión de las empresas y entes públicos del Estado, «en concreto la SEPI», así como en las empresas que integran esta sociedad «cuya gestión de negocios esté radicada en Euskadi».
Esta participación, sostiene el Gobierno de Vitoria, no requiere el traspaso de los medios materiales ni personales, sino que se materializaría con una habilitación en la normativa estatal.
También pide el traspaso de crédito y banca para ejercer las funciones que actualmente tiene el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en materia de supervisión de entidades de crédito.
Otras de las transferencias que solicita el Gobierno Vasco, hasta ahora exclusivamente en manos de la Administración central, es el pago de las prestaciones por desempleo, aeropuertos y puertos de interés general, salvamento marítimo, seguros, crédito oficial, mercado de valores, el régimen electoral municipal y el fondo de garantía salarial.
Junto a este grupo de competencias, el Gobierno Vasco reclama otras 13 que de alguna forma ya están transferidas a alguna comunidad autónoma, como la de los centros penitenciarios que ya ejerce Cataluña desde 1983.
El Gobierno Vasco quiere asumir las funciones de dirección, organización, régimen, funcionamiento, planificación e inspección de las tres cárceles ubicadas en la comunidad autónoma, la planificación y construcción de centros penitenciarios, así como la ejecución de las medidas alternativas a la cárcel y las actividades de reinserción, entre otras tareas.
También reclama otras competencias que ya tiene Cataluña: inmigración, expedición de permisos de circulación y matriculación de vehículos, y la asignación, gestión, catalogación, información y funciones estadísticas de los códigos internacionales de identificación bibliográfica ISBN e ISNN.
El País Vasco pide además la competencia de apoyo a las pymes y de los programas de innovación tecnológica que el resto de comunidades han recibido en los últimos años, además de la de hidrocarburos, aunque ya se encuentra transferida «de facto» tanto a Euskadi como a otras comunidades.
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