España se ha convertido en uno de los países con mayor deterioro institucional dentro del mundo desarrollado, según advierten los últimos análisis del Varieties of Democracy Institute (V-Dem) y del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Ambas entidades alertan de un retroceso notable en la calidad democrática, la estabilidad jurídica y la confianza económica del país, situando a España en una posición crítica dentro de la OCDE.
El IEE, en su Informe de Coyuntura de julio de 2025, subraya que España es el país de la OCDE que más ha empeorado en materia de corrupción política desde 2019. Este retroceso coincide con los últimos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez. En el índice de control de la corrupción, España ha pasado del puesto 23 al 14, un salto negativo que la coloca junto a países con problemas estructurales como México o Turquía. La calificación obtenida en 2024 fue de apenas 10,3 puntos sobre 100, lo que supone un deterioro del 178% en comparación con 2019, el peor dato registrado en la organización en el último lustro.
La percepción empresarial también refleja este deterioro. Un informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho revela que el 91% de las compañías españolas cree que la corrupción está generalizada, frente al 64% de la media europea. Además, más de la mitad de las empresas (51%) considera que este fenómeno supone un freno real para su actividad, 15 puntos por encima del promedio comunitario.
A este panorama se suma el Índice de Seguridad Jurídica elaborado por el Instituto Juan de Mariana (IJM), que sitúa a España en el puesto 20 de los 27 países de la Unión Europea con una nota de 6,5 sobre 10, la más baja desde que se realiza este estudio. La publicación, presentada en julio de 2025 con datos de 2023, advierte de una degradación profunda en los principales pilares del Estado de Derecho.
Entre los factores más alarmantes destacan la caída en el Índice de Transparencia Internacional, con una bajada de diez posiciones en un sólo año hasta situarse en el puesto 46 a nivel mundial, su peor registro en tres décadas. También preocupa la deficiente calidad regulatoria, un 33,4% peor que el promedio de la UE, lo que desincentiva la inversión y el emprendimiento. El Banco Mundial señala, por su parte, que España se encuentra entre los cinco países avanzados que más han visto debilitadas sus instituciones desde el año 2000.
Los indicadores de gobernanza del World Bank (WGI) reflejan que la eficacia gubernamental ha caído desde 0,97 puntos en 2018 hasta 0,75 en 2023. El World Justice Project confirma la tendencia con una puntuación de 0,72 en respeto a los derechos fundamentales y el funcionamiento de la justicia, muy por debajo de países como Dinamarca (0,88), Suecia (0,85) o Estonia (0,81).
