Cuatro peritos de Hacienda han confirmado en el juicio la corrupción urbanística de la trama Pretoria en municipios catalanes con implicación de dos cargos del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra.
La vista se ha reanudado este miércoles en la Audiencia Nacional con la declaración pericial de cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria que han explicado operaciones del entramado por las que están siendo juzgados los excargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra y otros nueve acusados, entre ellos el presunto líder de la trama, el exdiputado en el Parlament catalán del PSC Luis Andrés García Saez.
Los acusados, entre los que se encuentran también el exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartolomé Muñoz y el exresponsable de Urbanismo de este municipio Manuel Dobarco, ambos del PSC, se enfrentan a peticiones de pena de la Fiscalía de hasta ocho años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Los peritos han concretado que Prenafeta canalizó entre 2000 y 2006 14,3 millones de euros y que usó sociedades instrumentales para dificultar su rastro, alguna de Andorra, así como que solo lo declaró a Hacienda en la parte no prescrita tras ser detenido.
Se calcula que la red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras mediante tres operaciones urbanísticas, según la Fiscalía, con la que Lluís Prenafeta y Macià Alavedra hicieron un pacto y confesaron en el juicio haber recibido comisiones por mediar en algunas de ellas.
Los funcionarios de Hacienda han comentado que para una de las operaciones de la trama Pretoria fue utilizada una sociedad holandesa para canalizar inversiones de forma opaca que también fue usada para comisiones relacionadas con Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat catalana investigado en la causa sobre el patrimonio de su familia.
Han explicado que la trama Pretoria obtenía beneficios a través de operaciones especulativas mediante la adquisición de terrenos municipales que vendían en plazos breves obteniendo plusvalías tras conseguir de los ayuntamientos recalificaciones urbanísticas.
Así en Santa Coloma de Gramanet compraron la empresa a la que se adjudicaron los terrenos para construir un centro comercial y viviendas de protección oficial por 12,3 millones de euros y los vendieron por 26.279.000 obteniendo un beneficio de unos catorce millones en el conjunto de esta operación desarrollada entre 2003 y 2005.
Han añadido que lograron que el Ayuntamiento aprobara un cambio de uso de los terrenos por el cual la zona residencial se ampliaba de los 4.240 metros cuadrados previstos a más de 20.000, de ellos 8.000 para viviendas protegidas y 12.000 de venta libre, mientras que la zona para el centro comercial se redujo de 8.500 a 2.300, para sacar más rendimiento económico.
Sobre la operación Niesma en San Andrés de Llavaneras los peritos han explicado que obtuvieron un beneficio superior a tres millones de euros en la venta de dos solares que inicialmente estaban destinados a doce viviendas unifamiliares y que a los quince meses de comprarlos consiguieron que se recalificara el terreno para construir 83 pisos en bloques de tres plantas.
Finalmente han dicho que en Badalona lograron un beneficio de 13,4 millones de euros tras vender un solar que compraron a una sociedad pública por 12,5 millones.
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