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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Personalidades dirigen una carta a la UE para frenar el desafío secesionista

Los fundadores de «Basta ya» remitieron una carta a las instituciones de la Unión Europea en la que piden ayuda para «restablecer el orden constitucional y las reglas de la democracia» en Cataluña ante el intento de «golpe de Estado» por parte de esa administración autonómica.

«Es el momento de que las instituciones europeas apoyen a España para restablecer el orden constitucional y las reglas de la democracia en una parte del país y de la Unión Europea, controlada por una administración sediciosa y una clase política corrupta», indican en la misiva.
Los firmantes (el filósofo Fernando Savater, la expresidenta del PP del País Vasco María San Gil, la fundadora de UPyD Rosa Díez, la europarlamentaria de esa misma formación Maite Pagazaurtundúa y el escritor Carlos Martínez Gorriarán) explican que «el gobierno regional catalán actuó como una organización consagrada a dar un golpe de estado».
«Toda Europa quedaría muy negativamente afectada si los planes separatistas acabaran imponiéndose», en lo que recordaría a «la explosión de la antigua Yugoslavia», circunstancia que «afectaría tarde o temprano a muchos otros Estados, terminando con el magnífico proyecto de una Europa libre de nacionalismo destructor y xenófobo dentro de sus propias fronteras», añaden.

Sobre la euroorden cursada por Llarena

Al frente de ese desafío institucional sitúan el ahora expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, bajo cuyo mandato «ocurrieron todos los despropósitos y desafueros conocidos», un ciudadano que «lleva cinco meses huido de la Justicia española», sostienen.
En ese sentido, los firmantes se refieren a la euroorden cursada por las autoridades españolas contra Puigdemont y contra el resto de líderes independentistas fugados, y señalan que esta «no la cursan ni la deciden los Gobiernos sino los tribunales de justicia».
«Tiene por objeto que los presuntos delincuentes que huyan de la justicia en cualquier país de la Unión no encuentren cobijo en ninguno de ellos«, agregan los signatarios, quienes subrayan que «nadie, por muy poderoso que sea, puede estar por encima de la ley».
Cualquier ciudadano tiene derecho a intentar cambiar las normas constitucionales, prosiguen, pero «sólo es posible hacerlo dentro de la ley y con las normas que nos hemos dado».
«Si un gobernante se puede saltar la Constitución de su país o las normas europeas (…) nadie estará seguro: ni los jueces, ni los tribunales ni los propios ciudadanos», constatan.

‘Puigdemont tiene intactos sus derechos’

Los firmantes señalan que «el ciudadano Puigdemont es diputado» y como tal «pudo presentarse a las elecciones y ser elegido», de manera que «tiene intactos sus derechos y de ellos se derivan sus obligaciones».
«La impunidad por sus actos presuntamente delictivos no es uno de sus derechos; rendir cuentas antes la justicia de sus actos presuntamente delictivos sí es una de sus obligaciones», agregan a propósito de Puigdemont, procesado en España por rebelión y malversación y en prisión preventiva en Alemania.
Los firmantes recuerdan que la plataforma «Basta ya» recibió en 2000 el Premio Sajarov del Parlamento Europeo en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos.
Fuentes de la Comisión Europea indicaron a Efe que no pueden confirmar si han recibido la carta porque las instituciones están cerradas debido a las vacaciones de Semana Santa.
Aun así, reiteraron que la posición del Ejecutivo comunitario con respecto a Cataluña es «bien sabida» y que no comentan cuestiones internas de los Estados miembros.
Bruselas ha mantenido un punto de vista inalterado durante el reciente período de tensión independentista en Cataluña, que pasa por considerar la situación de esa región como un asunto interno de España y pedir una solución dentro del orden constitucional español, con diálogo y sin violencia.
La CE también ha insistido invariablemente en que, en caso de producirse un referendo dentro del marco de la legalidad española y que diera lugar a la independencia de esa comunidad autónoma, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea.
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