La Audiencia Provincial de Valencia mantuvo el procesamiento de Mónica Oltra en la causa que investiga la gestión que hizo la Comunidad Valenciana de los abusos sexuales a una menor tutelada.
Una de las acusaciones populares pide seis años de prisión para la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Una pena a la que suma diez años de inhabilitación absoluta, lo que no le permitiría ejercer un cargo público o presentarse a las elecciones en ese tiempo.
La exdirigente del partido separatista Compromís era en el momento de los hechos, entre 2016 y 2017, la máxima responsable de la política de menores y estaba casada con el agresor, que era monitor en la residencia en la que vivía la víctima y cumple condena en prisión.
La asociación Gobierna-Te considera a Oltra y otros once imputados —para quienes solicita las mismas penas— responsables de los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento. Sólo para una de la investigadas reclama un año de cárcel por supuesto abandono de menores.
En la reapertura del caso el tribunal entendió que «no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo colocándola, por el contrario, en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida».
