Podemos ha transformado el supuesto espionaje policial a sus exdiputados durante la administración de Mariano Rajoy en un ataque dirigido contra el PSOE y, de forma indirecta, contra Sumar, debido a sus recientes pactos con Alberto Núñez Feijóo. Los morados han traído a la palestra política la investigación de la llamada «policía patriótica», encargada por el Ministerio del Interior entre 2015 y 2016 para presuntamente buscar información comprometida sobre los diputados de Podemos, y han convertido el asunto en una acusación contra la coalición de Gobierno.
Según adelante el diario THEOBJECTIVE, exigen que los socialistas rompan sus pactos con el PP, especialmente el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), argumentando que, de no hacerlo, estarían «blanqueando» aquellas acciones. Además, señalan indirectamente a Sumar como cómplice en esa operación de blanqueamiento.
La secretaria general de Podemos declaró el pasado jueves que existe una «guerra sucia judicial» contra su partido, tras revelarse que la Policía presuntamente investigó a al menos 55 diputados de Podemos entre 2015 y 2016, así como a otros diputados de sus confluencias. «Le pido al presidente del Gobierno que rompa ese acuerdo (el del CGPJ). No se puede legitimar la guerra sucia judicial y permitir que estos policías o jueces sean juzgados bajo un acuerdo que otorga capacidad de veto al PP, que fue el instigador de esa guerra sucia», dijo Belarra en una entrevista en RTVE.
La denuncia de Podemos llega después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional haya entregado documentación al juez Santiago Pedraz, la cual recoge consultas policiales sobre al menos 55 diputados de Podemos. El documento, adelantado por El País, detalla 121 búsquedas sobre Iglesias; 34 sobre Íñigo Errejón; 401 sobre Yolanda Díaz; 28 sobre Irene Montero; 13 sobre Belarra; y otras sobre exdirigentes de Podemos ahora afiliados a Sumar, como Pablo Bustinduy. También se investigaron presuntamente a diputados de los partidos de la confluencia morada, como los de Compromís y los Comunes catalanes.
Sumar, por su parte, evita entrar en el conflicto planteado por Podemos. Los de Díaz se muestran indignados por el espionaje, que atribuyen al PP, pero no implican al PSOE en su denuncia.
La secretaria general de Podemos retoma así algunas de las ideas publicadas en un editorial del Diario Red, el medio digital vinculado al Canal Red, propiedad de Pablo Iglesias. En dicho artículo, el medio cercano a Podemos sostiene que el PSOE «blanquea» hechos «gravísimos», al firmar un «pacto para repartirse con ellos el CGPJ y blindar la impunidad del Poder Judicial mediante una reforma de derechas en clave corporativa». El editorial pide «ilegalizar» el PP y crear un «cordón sanitario» para impedir cualquier tipo de pacto entre la coalición de Gobierno y la formación de Feijóo. «Si el PSOE no rompe su acuerdo sobre el CGPJ con el PP, estará blanqueando deliberadamente a los responsables políticos de las cloacas», subraya el editorial.
Sumar aplaudió inicialmente el acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ. Sin embargo, decidieron abstenerse en el Congreso tras recibir presiones de algunos de sus socios. Pero Díaz no quiere entrar en una confrontación directa con Pedro Sánchez y la Moncloa. La vicepresidenta ha optado por volver al terreno de la gestión y ha dejado la coordinación del partido político Sumar, aunque no renuncia a liderar la coalición que en el Congreso controla a 27 diputados. Díaz busca el respaldo del presidente en medidas como la reducción de la jornada laboral, que ha elevado a medida estrella de su mandato, al igual que lo fue la reforma laboral en la pasada legislatura.
Por esto, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se ha limitado a pedir responsabilidades a los mandos policiales y políticos a cargo de Interior durante aquel espionaje. Errejón recordó que actuales dirigentes de Sumar fueron investigados, entre ellos Yolanda Díaz, pero no mencionó a los de Podemos en sus declaraciones desde el hemiciclo. Principalmente, centró su denuncia contra el PP, sin trasladar el asunto a los pactos actuales entre el Gobierno y los socialistas, como el del CGPJ y lo que se espera para el reparto de menores migrantes.
«En un país democrático no se espía a los diputados. Los responsables policiales y políticos de que esto haya sucedido deberían comparecer ante un tribunal y acabar en prisión. El PP, que fue quien lo ordenó, debería al menos salir a pedir perdón y dar explicaciones», afirmó Errejón. «Solo en las dictaduras se espía a la gente por sus posiciones políticas», agregó el portavoz de Sumar, quien, por otro lado, está siendo muy cuestionado internamente por algunos de sus compañeros de bancada. Díaz se manifestó en la misma línea de su portavoz, sin mencionar explícitamente a los espiados de Podemos y sin elevar el asunto al PSOE y a su acuerdo con el PP en el CGPJ.
