Podemos se pelea con el PSOE por ver quién es más sectario respecto a la Memoria Histórica.
Un grupo de eurodiputados, encabezados por los parlamentarios de Podemos Miguel Urbán y José Davíd Carracedo, han visitado el Valle de los Caídos con la intención de «dar a conocer internacionalmente la situación de impunidad en el Estado español» con los crímenes del franquismo. «Es una excepción y una locura que esto exista», ha dicho Urbán.
Ha asegurado también que «allí no se cumple la ley» y que «el franquismo no ha muerto del todo en este país». «Hay que eliminar los mausoleos, respetar la memoria democrática y juzgar los crímenes», ha añadido.
Los eurodiputados Martin Schirdewan (Die Linke), Stelios Kouloglou (Syriza), Ana Gomes (PS-S&D), Antonio Marinho e Pinto (Partido Democrático Republicano-ALDE), Ana Miranda (BNG), Izaskun Bilbao (PNV) y Javier Couso (IU) han visitado varios monumentos, el recinto del Valle y el Cementerio Parroquial de San Lorenzo de El Escorial.
Copian al PSOE
Hace dos días también representantes de la ejecutiva del PSOE, entre ellos Odón Elorza y Andrés Perelló, se desplazaron al Valle de los Caídos para reivindicar una nueva Ley de Memoria Histórica. La ley totalitaria que quieren oficializa los puntos de vista de la izquierda española como obligatorios, prevé el secuestro de libros, la cárcel y pérdida de la condición docente para los profesores que la incumplan, el adoctrinamiento escolar y la inhabilitación y la prisión para los cargos públicos que obstruyan su aplicación. Dicha propuesta incluye, cuantiosas multas, inhabilitaciones e ilegalizaciones, y suprime la libertad de expresión en materia histórica.
Asimismo, demandaron que ese conjunto monumental deje ser un lugar de «memoria franquista y nacional-católica» y se transforme en un Centro Nacional de Memoria, y exigieron la exhumación de Franco.
Perelló ha acusado al Gobierno del PP de conservar el «ADN del franquismo» por vetar la tramitación parlamentaria de su reforma de la Ley. El Ejecutivo comunicó al Congreso su oposición a la tramitación de esta proposición de ley del PSOE en aplicación de su prerrogativa constitucional de vetar las iniciativas legislativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios.
Para este caso, el Gobierno calcula que el aumento de las indemnizaciones para los represaliados y víctimas de la dictadura y la creación de un Banco Nacional de ADN tendría un coste estimado de 214 millones de euros. «Confiábamos que la derecha española se pudiera homologar con la derecha civilizada de Europa, pero ha quedado demostrado que sigue teniendo el ADN del franquismo», ha denunciado.
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