El descaro de los tahúres en esta ocasión ha sido tan obsceno que hasta han conseguido que el as de la baraja, el candidato Marchena, abandone la partida de cartas.
No es que no supiésemos que los nombramientos de los vocales del CGPJ dependiesen de los partidos políticos, ni que los puestos más relevantes de la carrera judicial en el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia precisaban también de su plácet, por no hablar de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero es que el descaro de los tahúres en esta ocasión ha sido tan obsceno que hasta han conseguido que el as de la baraja, el candidato Marchena, abandone la partida de cartas. Pero no echemos toda la culpa a los políticos, las principales asociaciones de jueces, tanto la APM como JD, llevan toda la vida prestándose a este intercambio de cromos. Bienvenida sea pues la renuncia del Sr. Marchena si sirve para que la opinión pública se conciencie de los déficits democráticos del régimen.
El caso es que, tras la chapuza de los vaivenes de la Sala 3ª del Supremo respecto a las tasas impositivas sobre las hipotecas, este escándalo en torno a la manipulación de la Administración de Justicia por parte de los partidos llega en un momento en el que la auctoritas de nuestros Tribunales más falta nos hacía. El enjuiciamiento de los golpistas separatistas se ve así amenazado por la revisión que de la resolución del Tribunal Supremo haga el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que no olvidemos, se ha cargado una sentencia condenatoria de Otegui, por un “quítame allá esas pajas”, consistente en que ve dudas razonables sobre la imparcialidad de la Audiencia Nacional porque una de sus magistradas simplemente dijo al etarra durante el juicio: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”.
Pero los árboles no deben impedirnos ver el bosque. En realidad, la división de poderes no es más que un trampantojo en el Estado de partidos. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial son detentados por la misma mano y los contrapesos que debían servir de garantía al ciudadano frente al Estado, son meros formalismos.
García Trevijano nunca se cansó de repetir que la democracia formal no es sinónimo de libertad, por mucho que se acuda periódicamente a las urnas. Y con un Estado que cada vez está más separado de la comunidad, desbocado en su afán de normativizar cualquier aspecto social de la vida, ya sea la economía, la enseñanza, la información, la sanidad, la seguridad social, la investigación, la cultura e incluso el ocio, unos Tribunales independientes, libres de influencias que provengan del gobierno, del parlamento, de los partidos o de cualquier otro grupo de interés, constituyen una garantía para el ciudadano, un límite para el poder del Estado.
Pero ese objetivo fracasa en el Estado de partidos, pues en lugar de reconocer esa independencia del poder judicial, varias facciones en un solo bloque de partidos estatales se ponen de acuerdo para designar a los jueces que más les convienen en los puestos más transcendentes.
Aún podríamos ir más allá, si el Derecho público consiste en la creación de restricciones al ejercicio arbitrario e ilimitado del poder, pero ese Derecho es elaborado por un poder ejecutivo y un poder legislativo que en realidad detentan los partidos, ¿podríamos hablar realmente de que el poder judicial que lo aplica garantiza realmente la limitación del poder del Estado? Si acudimos a Bertrand de Jouvenel, la respuesta puede ser inquietante: “Digámoslo muy alto: la creciente avalancha de leyes modernas no crea Derecho. Estas leyes dan la traducción del empuje de los intereses, de la fantasía y utopía, de la violencia de las pasiones. Grotescas en su desorden, cuando son la obra de un Poder cada vez más extenso, pero cada vez más desequilibrado por las discusiones de los partidos”.
Federico de Castro, nuestro mejor civilista junto a Castán, decía que “la concepción española de la ley rechaza la idea propia de la Roma decadente y de los regímenes absolutos de que sea la ley la voluntad del príncipe (quod princeps voluit lex habet vigorem); se ha exigido siempre que tenga valor jurídico, contenido moral, conformidad al Derecho natural y una dirección política al servicio de España”.
En el Estado de partidos se ha perdido por completo esta noción del Derecho, que se confunde con las leyes emanadas de la voluntad del Estado. No es de extrañar pues que la división de poderes sea sólo aparente y que el poder judicial sea contemplado como una institución burocrática, inorgánica, que los partidos pueden instrumentalizar para que no estorbe su ejercicio del poder.
Bueno sería recordar a Montesquieu, no por su Espíritu de las leyes, sino por la gran verdad que afirmaba en sus Cartas Persas: “Una cosa no es justa porque sea ley; sino que debe ser ley porque es justa”.
