El Ayuntamiento de Madrid se ha ratificado en su intención de no contar con una unidad «antidisturbios» en la Policía Municipal y estudia recurrir la sentencia.
Los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid valoran la sentencia que anula la resolución municipal por la que se modificó la plantilla para materializar la eliminación de los denominados «antidisturbios». Esto, afirman, «demuestra lo mal que se hizo todo», aunque dudan que se vuelva a recomponer esa unidad.
Dirigentes del CPPM -sindicato mayoritario en el Cuerpo-, de CSIF y de la Asociación de Policía Municipal (APMU) se han referido así a la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid de anular -al considerarla ilegal porque no se consultó a los sindicatos– la resolución del Consistorio de abril de 2016 por la que se modificó la relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria del Área de Gobierno, Salud, Seguridad y Emergencias.
El sindicato CSIF, que interpuso el recurso que ha dado lugar a la sentencia, prevé pedir su ejecución para «volver al momento anterior a la disolución» de las llamadas oficialmente Unidades Centrales de Seguridad (UCES) y por lo tanto conseguir su restauración.
Sin embargo el Ayuntamiento de Madrid se ha ratificado en su intención de no contar con una unidad «antidisturbios» en la Policía Municipal y estudia recurrir la sentencia, sobre la que asegura que «no hace referencia a la decisión del Consistorio de suprimir las UCES, sino a una cuestión de carácter de procedimiento en términos de derecho laboral».
El portavoz de CPPM, Julián Leal, ha relatado que se trata de una sentencia «previsible debido a la fórmula que se adoptó para eliminar las UCES, con nocturnidad y alevosía y sin negociar con los sindicatos», y advierte de que «vendrán mas sentencias» sobre este asunto y sobre la nueva Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS).
En su opinión, ambas unidades «tienen las mismas funciones y en realidad sólo cambia el nombre», de manera que el Ayuntamiento lleva a cabo una «remoción irregular de puestos de trabajo» que «cuesta dinero al ciudadano, por su empecinamiento político».
Desde CSIT, José Francisco Horcajo ha llamado a la cautela porque la sentencia no es firme, aunque valora que un juzgado reconozca que «las cosas no se hicieron como se debía» y recuerda al Ayuntamiento que «cuando las centrales sindicales le advertimos de cosas, como ocurrió en este caso, es para que luego no pase esto».
Horcajo también considera que, en realidad, el Consistorio «cambió un nombre por otro» al eliminar las UCES y crear la UAS.
La misma tesis defiende el presidente de APMU, Carlos Bahón, que añade que la idea anunciada por el Consistorio de desactivar las UCES para aumentar efectivos en los distritos «no se ha realizado porque se han creado unidades nuevas» como la UAS, la Unidad de Medio Ambiente y la de Gestión de la Diversidad.
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Un juez anula la disolución de los antidisturbios de la Policía de Madrid
