Los sindicatos anuncian que llevarán a cabo todas las acciones que crean pertinentes «para revertir esta infamia».
Los sindicatos que integran la Junta de Personal de la Policía Municipal de Madrid han criticado la «politización» del comité de empresa del Ayuntamiento por su apoyo a la concejal Rommy Arce tras ser citada como investigada por sus mensajes sobre los sucesos de Lavapiés.
Estos sindicatos, CPPM, UPM y CSIT-UP, mayoritarios en el Cuerpo, se refieren así a la resolución que el comité de empresa del Consistorio hizo pública la semana pasada tras las querellas presentadas por tres sindicatos y asociaciones policiales (CPPM, UPM y APMU) contra la edil.
El Juzgado de Instrucción 12 de Madrid, que aúna las tres querellas, ha citado a declarar a Arce el 4 de mayo como investigada por un presunto delito de injurias y calumnias derivado de sus críticas a la Policía por la muerte de un mantero en Lavapiés, el 15 de marzo pasado, que vinculó con una persecución y achacó a la «xenofobia institucional».
Tras conocer esta imputación, el comité de empresa municipal criticó «el reiterado uso de las vías judiciales como forma de acallar voces disidentes y críticas», sostuvo que «los querellantes pretenden hacer un uso torticero y perverso del tipo penal ‘delito de odio'» y que la admisión a trámite inicial de dos de ellas por ese delito -luego la juez la ha citado por injurias y calumnias- es «carente de fundamento» y debe archivarse.
CPPM, UPM y CSIT-UP sostienen que «podríamos estar, por primera vez en el ámbito laboral del Ayuntamiento de Madrid, ante la politización de un órgano definido en el Estatuto de los Trabajadores como el garante de velar por los derechos constitucionales de los trabajadores» y que deber ser políticamente neutral.
«Este comunicado pretende trasladar nuestra indignación por un nuevo episodio de marcado y vergonzante acento político que sin duda pone en entredicho la competencia de determinados agentes sociales del comité de empresa que en teoría están para defender a todos los trabajadores, no para la defensa y apoyo de una determinada clase política institucional, sea cual sea», añaden.
Por eso, y «en cumplimiento del deber legal de defensa de los funcionarios» a los que representan, las tres centrales anuncian que llevarán a cabo todas las acciones que crean pertinentes «para revertir esta infamia».
La magistrado que investiga las querellas policiales ha citado, además de a Arce como investigada para el día 4, a otras cuatro personas contra las que pedía actuar APMU: dos de ellas para el mismo día 4 y dos para el día 28 de mayo, todas como querelladas.
Se trata de cuatro personas que vertieron comentarios injuriosos en sus perfiles de redes sociales y que han sido identificadas.
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