Policía y Guardia Civil advierten que hasta el día 2 seguirán trabajando con los datos que les remita la Administración, «teniendo claro que no vamos a ceder nada».
El Ministerio del Interior se ha comprometido este miércoles a que el acuerdo de equiparación salarial para las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) con los Mossos de Esquadra no conlleve ningún recorte en los derechos laborales adquiridos por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
De este modo, se retiraría del acuerdo el cuarto apartado de la propuesta de equiparación que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó la semana pasada a los sindicatos policiales y a las asociaciones de guardias civiles y que incluía la promesa de 1.500 millones de euros en tres años y ese punto.
Un cuarto punto que abogaba por «sustituir cualquier derecho de carácter sociolaboral que no tengan reconocido los mossos por aquellos que estos sí tengan reconocidos y que no afecten, en el caso de la Guardia Civil, a su naturaleza militar.
Pero este punto desaparecerá del acuerdo que finalmente se firme y que saldrá de una negociación cuyas primeras reuniones técnicas se han celebrado este miércoles, por separado, con los representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, presididas por el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Tal y como han recordado los sindicatos y las asociaciones, eliminar ese punto era uno de sus objetivos más importantes, es decir, «ni un sólo recorte en derechos laborales como contrapartida a la equiparación».
«Si esta condición no era aceptada, y pese a ser el inicio de los trabajos técnicos, nos íbamos a levantar y abandonar la reunión», han señalado.
Interior, según añaden, ha entendido esta exigencia, que «no podrá figurar en un futuro acuerdo» y que «era un paso necesario y una línea roja» que ninguno de los asistentes a la reunión iba a dejar traspasar.
Durante las reuniones, policías y guardias han exigido a Interior que cuantifique ya las cantidades que, como consecuencia de la equiparación salarial, corresponderían a las escalas y categorías o empleos para alcanzar la misma retribución que los cuerpos autonómicos.
Para ello han reclamado la presencia en las mesas de negociación de los mandos de ambos cuerpos encargados de personal y recursos humanos, para que lleven información completa y actualizada de efectivos, situaciones administrativas y categorías/empleos.
Para poder concretar a cuánto ascendería la cifra que se subiría el sueldo en cada año (entre 2018 y 2020) como consecuencia del acuerdo, el 2 de febrero habrá una nueva reunión y confían en que en ella ya se pueda contar con todos los datos oficiales.
«Todo ello teniendo en cuenta que la exigencia mínima son 500 millones de euros anuales, destinados sólo al capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado (gastos de personal) hasta sumar los 1.500 millones en estos tres años», añaden los agentes.
Tanto las asociaciones como los sindicatos han acordado, para una mayor transparencia y participación, que cuando el trabajo de las mesas técnicas culmine, siempre antes de la aprobación de los Presupuestos, se someterá a consulta de los asociados y afiliados el borrador final de acuerdo.
«Se hará de tal forma que sean los policías nacionales y guardias civiles quienes decidan por sí mismos si están o no de acuerdo con el resultado de la negociación», informan.
Y advierten que hasta el día 2 seguirán trabajando con los datos que les remita la Administración, «teniendo claro que no vamos a ceder nada en cuanto a planteamientos de dinero necesario para alcanzar esa equiparación salarial».
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