También apuestan por incluir la gestación subrogada como una forma de violencia.
El PSOE ha registrado veinte votos particulares al pacto de Estado contra la violencia de género para sancionar a los clientes de las prostitutas, revertir la ‘minireforma’ del PP de la ley del aborto respecto a las menores o incluir la gestación subrogada como una forma de violencia, entre otras cuestiones.
La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha expuesto en una rueda de prensa el contenido de los votos particulares de su grupo cuando están a punto de terminar los trabajos de la subcomisión del pacto, cuyo dictamen se votará este viernes en la Comisión de Igualdad.
Álvarez ha criticado el hecho de que Mariano Rajoy, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel, acudiese a un acto organizado «deprisa y corriendo» por el PP de apoyo al acuerdo de Estado contra la violencia doméstica.
Fue un acto para «lavar la imagen del presidente del Gobierno», y lo ha calificado de «políticamente obsceno» e «irrespetuoso» hacia los trabajos de la subcomisión.
Recuperar el aborto de menores
Entre los puntos que el PSOE quiere incorporar al pacto, la diputada del PSOE ha destacado modificación de la ley del aborto para que las menores de 18 años víctimas de violencia doméstica no necesiten el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para interrumpir su embarazo.
Ha explicado que la subcomisión acordó la puesta en marcha de una ley contra la trata, pero ha reclamado un debate más amplio para vincular prostitución y trata, al tiempo que ha abogado por penalizar el alquiler de habitaciones para la práctica de sexo de pago, introducir la penalización del proxenetismo lucrativo y sancionar la demanda y compra de prostitución.
Penar la gestación subrogada
El PSOE también ha planteado incluir la «explotación reproductiva» o gestación subrogada como «una forma más de violencia contra las mujeres».
Otra de las iniciativas está orientada a la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir a las testigos, solo mujeres víctimas de violencia domésticas, de la dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o parejas de hecho.
Adoptar las medidas normativas para que las mujeres víctimas de violencia doméstica que perciben la renta activa de inserción puedan cotizar a la Seguridad Social con el fin de posibilitar el acceso a la pensión de jubilación es otra de sus propuestas.
Álvarez ha defendido además las reformas legislativas pertinentes para evitar el uso de la custodia compartida impuesta o preferente como «un instrumento de chantaje a las mujeres y a las víctimas de violencia de género».
Igualmente, ha exigido que se eliminen los obstáculos que dificultan o impiden hacer efectivo el derecho a una reparación del daño adecuada y a una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia doméstica.
El impago de alimentos, violencia patrimonial
El PSOE ha apostado además por considerar el impago de las pensiones de alimentos y el control de los recursos familiares como violencia patrimonial o económica.
La parlamentaria socialista ha resaltado, asimismo, la importancia del seguimiento presupuestario del pacto, por lo que ha pedido que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se elaboren unas fichas para identificar las partidas de gasto de cada departamento ministerial.
Garantizar la presencia de unidades especializadas de violencia contra las mujeres en todos los puestos de la Guardia Civil, reforzar los organismos de igualdad en toda la estructura institucional o incorporar a la comisión de seguimiento «informes sombra» de las organizaciones de la sociedad civil también figuran entre las propuestas.
Álvarez ha planteado, además, el mantenimiento de un criterio estable en el tratamiento de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, así como el impulso de una línea de subvenciones para la creación de contenidos audiovisuales que fomenten la igualdad.
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