El Ministerio Público se ha mostrado favorable a la última euroorden emitida por Alemania para extraditar a un delincuente y manda un ‘recadito’ a las autoridades germanas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de la entrega a Alemania de un ciudadano británico reclamado por presuntos delitos de contrabando y evasión fiscal sin «valorar la entidad de los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viene siendo habitual».
En una escueta nota de prensa, en la que informa de que ha defendido esta entrega ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía comunica este parecer después de que la Justicia alemana se negara a entregar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de rebelión y haber pedido más pruebas para decidir sobre el de malversación.
«La Fiscalía de la Audiencia Nacional, respetuosa para con el espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en ningún caso ha entrado a valorar los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viendo siendo habitual», destaca el Ministerio Público en la nota.
Lo que no hizo Alemania con Puigdemont
La Justicia alemana ha pedido a la española información adicional para sustentar la petición de extradición del el expresidente de la Generalitat, mientras el Gobierno de Angela Merkel trata de evitar tensiones con Madrid tras su decisión de no entregarlo por rebelión.
Para la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el estado federado donde fue detenido Puigdemont el 25 de marzo, no hay duda de que la euroorden no se ampara en «móviles políticos», aunque sí requiere concreciones sobre el cargo de malversación de fondos públicos.
«No hay indicios de que los delitos que las autoridades españolas imputan al acusado incluyan cargos con el propósito de detenerlo por motivos políticos», subraya la resolución de esa corte, dictada el jueves y difundida hoy en su integridad.
Era preciso «examinar» esa cuestión, prosigue el texto, puesto que la existencia de una intencionalidad política o una «amenaza de que el acusado podría sufrir una persecución mayor a la que le correspondería», impediría su extradición.
Pero esas circunstancias no se dan, según la Audiencia, que destaca la relación de «reconocimiento mutuo» entre los Estados implicados, entre los que «se da por sentado» que se «respeta el derecho comunitario y observan los valores fundamentales» de la UE.
Descartada la motivación política, se requieren concreciones sobre la acusación de malversación de fondos, el cargo por el que podría ser extraditado, después de desestimarse el de rebelión.
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