Qué dicen los principales partidos sobre la inmigración ilegal y el islamismo

El asesinato de Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de La Palma, en un ataque perpetrado en la tarde de este miércoles a dos iglesias de la ciudad, machete en mano, por un hombre de 25 años de origen marroquí que tenía abierto un expediente de expulsión a Marruecos desde junio, ha revivido el debate sobre la inmigración ilegal en general y el islamismo en particular.

Sin embargo, ese debate parece no existir entre la clase política y, en general, en los medios de comunicación. De los partidos políticos, ninguno de los principales, salvo VOX directamente ―y el PP tímidamente―, apunta al peligro del islamismo en sus programas electorales y, en lo referente a la inmigración ilegal, o bien son colaboradores necesarios, o bien tibios en la materia, por la que pasan de puntillas.

Si echamos un vistazo al último programa electoral del PSOE no veremos ninguna referencia al islam, al islamismo o a la inmigración ilegal. En una sección dedicada a la inmigración, el partido de Pedro Sánchez sostiene que impulsará ―lleva casi cinco años en el poder― «un Pacto de Estado sobre inmigración» que incluya la revisión de la Ley de Extranjería, «eliminando el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España, y fomentando la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas segundas generaciones».

El PSOE también defiende «una reforma de la obtención de la nacionalidad por residencia, que incorpore una reducción de los plazos máximos establecidos actualmente», pretende impulsar «acciones positivas en relación con las mujeres inmigrantes y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad», mejorar procedimientos administrativos «que permitan agilizar las concesiones y renovaciones de autorizaciones, especialmente las de arraigo y reagrupación familiar».

Por último, abogan por aprobar una nueva regulación del derecho de asilo y destacan la necesidad de formular «una auténtica política europea de inmigración, así como la modificación del Sistema de Acogida e Integración de refugiados, para hacer efectivo el derecho internacional sobre asilo y la gestión de los flujos migratorios, respetando los derechos humanos». «Trabajaremos con los países de origen y de tránsito, para facilitar una inmigración ordenada, así como el desarrollo sostenible de dichos países», se lee en el programa del PSOE. Como ven, nada de inmigración ilegal, de islamismo o de cómo proteger nuestras fronteras.

Podemos pasa de la ambiguedad del PSOE a fomentar directamente la inmigración ilegal, pidiendo ayuda y protección para las ONG que transportan a los inmigrantes a puertos europeos, mencionando expresamente a Open Arms. «Se protegerá el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y se suprimirán las prohibiciones de salida. Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal», se lee en el programa .

El partido fundado por Pablo Iglesias quiere que España se comprometa, en coordinación con otros países de la Unión Europea, «a acoger a aquellas personas rescatadas por ONG en el Mediterráneo Central, evitando casos de sufrimiento extremo como el que hemos visto este verano con el barco de Open Arms». También aboga por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.

Podemos pretende impulsar una nueva Ley de Asilo «adaptada a la realidad global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales». «Hasta entonces, desarrollaremos de manera urgente el reglamento de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación. Pondremos especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata». Como en el caso del PSOE, no hay ninguna referencia a la inmigración ilegal y al islamismo.

En el programa del Partido Popular, el último de la etapa de Pablo Casado al frente de Génova 13, si bien no hay referencia al islamismo, si encontramos referencias, aunque breves, a la inmigración ilegal y al yihadismo. El PP dice que, de llegar al poder, «impulsará una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo». También señalan que la lucha contra las mafias de inmigración ilegal «será una prioridad basada en la cooperación con los países de origen y en el rechazo en frontera». «Ampliaremos los tratados internacionales de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares. Potenciaremos el despliegue de FRONTEX para el control de las fronteras», se lee en el programa de los populares.

El PP asegura que fortalecerá el sistema de atención a los MENA «para que prime siempre el interés superior del menor» y potenciará, prioritariamente, «el retorno a sus hogares en condiciones de seguridad y respeto a sus derechos para que puedan crecer y desarrollarse con sus familias».

También afirman que incrementarán los medios destinados a combatir el terrorismo yihadista. «Actualizaremos el Pacto y revisaremos la Estrategia de Prevención de la Radicalización para adecuarla a las nuevas amenazas y agilizaremos los trámites de expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo», leemos en el programa.

VOX es el partido que más espacio dedica en su programa a la cuestión de la inmigración, oponiéndose de manera firme a la inmigración ilegal, señalando directamente a las mezquitas en las que se imparte la versión más radical del islam, y el que pretende fomentar una inmigración proveniente de países que estén en sintonía cultural con nuestro país.

La tercera fuerza política de España aboga por la expulsión inmediata de «todos los inmigrantes que accedan ilegalmente». «A España solo se entra de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de la Nación», se lee en su programa, la Agenda España.

El partido de Santiago Abascal quiere eliminar «las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y de las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal». También aboga por endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, «ya sean ONGs, empresas o particulares». «Se impondrán sanciones a aquellos Estados que promuevan oleadas masivas de inmigrantes o las utilicen como arma diplomática y se ilegalizarán todas las entidades que colaboren con la inmigración ilegal», afirma VOX.

Los de Abascal también defienden la expulsión de forma inmediata de los inmigrantes legales que cometan delitos graves «o hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen». «Los inmigrantes ilegales no pueden empadronarse ni adquirir con ellos los beneficios y las ayudas correspondientes. Cualquier persona que entre irregularmente en nuestro territorio debe saber que nunca podrá regularizar su situación en España» se lee en el programa.

VOX también quiere dar prioridad a la inmigración proveniente de las naciones de la Iberosfera. «Nuestra política de inmigración atenderá de forma prioritaria a los ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura con España», indican desde el partido.

La formación que lidera Abascal también aboga por la supresión de la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal y por la revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española; también defienden la eliminación de la posibilidad de sustituir la expulsión por una multa.

Por último, VOX quiere el cierre de los centros de MENAs y la repatriación de todos los menores extranjeros «con sus padres a sus países de origen de forma inmediata», así como el cierre de las «mezquitas fundamentalistas» y la prohibición de su financiación por parte de Estados u organizaciones extranjeras.