VOX ha lanzado múltiples iniciativas en los frentes político y judicial para oponerse a la ‘ley de nietos’ y el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de alterar el censo electoral «para perpetuarse».
En octubre de 2022 entró en vigor la «ley de memoria democrática. Su disposición adicional octava —la ‘ley de nietos’— abrió la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles del exilio. Días después una instrucción amplió la ley sin pasar por las Cortes. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública —dirigida por la hermana del ministro Óscar Puente— dictó una instrucción que extendía el acceso a la nacionalidad mucho más allá del texto legal.
VOX presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, admitido a trámite el 7 de febrero de 2023 y aún pendiente de sentencia.
Y ante las nuevas informaciones sobre la ley, lanzó una ofensiva en el Congreso. VOX registró siete iniciativas —preguntas y solicitudes de datos— sobre las nacionalizaciones, las garantías frente al fraude y la externalización de la tramitación.
El pasado mes de abril, Santiago Abascal alertó a los asocios y aliados internacionales de VOX y a la sociedad civil de sus consecuencias… y posteriormente lo denunció en el Congreso: «Es una trama para robar las próximas elecciones».
También en junio presentó una solicitud de nulidad ante la Secretaría de Estado de Justicia. Pidió declarar nula de pleno derecho la instrucción de octubre de 2022 y suspenderla cautelarmente. Y una doble solicitud ante la Junta Electoral Central para auditar y suspender las inscripciones masivas en el CERA y revisar los contratos de externalización; y para que no se permita el voto por correo desde el extranjero sin garantías de identidad y custodia.
En julio lanzó una nueva batería de preguntas y solicitudes en el Congreso para fiscalizar los contratos de refuerzo consular, la adscripción por defecto a Madrid y la casilla «otros motivos» que permite elegir dónde votar sin vínculo real. Además, presentó una denuncia ante la Comisión Europea para que abriera un procedimiento de infracción contra España. «Cada nacionalidad concedida otorga la ciudadanía europea, y su concesión masiva sin vínculo genuino ni control de seguridad vulnera el Derecho de la Unión», aseveró VOX.
VOX activó la ofensiva europea con una petición ciudadana apadrinada ante la Comisión de Peticiones (PETI) sobre el crecimiento del CERA; una pregunta parlamentaria prioritaria de Jorge Buxadé a la Comisión; la solicitud de un debate urgente en la Comisión LIBE; una carta de Jorge Buxadé a todos los eurodiputados con el informe de la Fundación Disenso; y una reunión técnica con la Dirección General de Justicia (DG JUST) sobre el tema.
«Es un censo electoral a medida para no soltar el poder»
También se querelló contra Sofía Puente —firmante de la Instrucción de 2022— y contra su sucesora en el cargo, María Ester Pérez por delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones legislativas al dictar instrucciones que crearon una modalidad de adquisición de la nacionalidad ajena al Código Civil a sabiendas de su ilegalidad. En paralelo, recurre ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el acuerdo de la Junta Electoral Central que mantiene los efectos de la ‘ley de nietos’ sobre el censo por vulnerar el derecho de sufragio y solicitó medidas cautelares.
Hace unas semanas, VOX llevó la ley ante la Comisión de Venecia. El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y el diputado nacional José María Sánchez pidieron un dictamen país sobre España por la manipulación del censo electoral (el CERA ha crecido un 16% desde 2023 y podría sumar hasta 800.000 votantes más. «Pedro Sánchez se está fabricando un censo electoral a su medida para no soltar el poder», concluyó.
