El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reconocido que no puede determinar cuántas personas se han incorporado al Censo Electoral después de obtener la nacionalidad española mediante la denominada Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022.
La Oficina del Censo Electoral no registra el motivo concreto por el que cada ciudadano aparece por primera vez en el censo, lo que impide distinguir a quienes han obtenido la nacionalidad gracias a esta vía extraordinaria de cualquier otro nuevo español mayor de edad.
Así lo ha admitido el organismo en una respuesta a una solicitud de transparencia presentada por OKDIARIO, a la que concedió únicamente «acceso parcial a la información interesada». «En el censo no se refleja el motivo del alta, hecho que imposibilita identificar específicamente las altas derivadas de procesos de nacionalización», reconoce el INE.
El resultado es que el Estado carece de una estadística que permita conocer con precisión cuántos nuevos electores han aparecido como consecuencia de una de las principales ampliaciones recientes del acceso a la nacionalidad española.
El censo no distingue a los nacionalizados por la Ley de Nietos
La petición de información fue registrada en junio de 2026 e incluía siete cuestiones relacionadas con las consecuencias censales de la nacionalización de descendientes de españoles en el extranjero. La respuesta del INE, fechada el 17 de julio, explica que el Censo Electoral se actualiza mensualmente mediante la información remitida por ayuntamientos, consulados y responsables del Registro Civil.
Sin embargo, ese procedimiento presenta una limitación fundamental: la base de datos recoge la incorporación del ciudadano, pero no la norma o procedimiento mediante el que obtuvo previamente la nacionalidad española. Por tanto, la Oficina del Censo no puede separar estadísticamente a los beneficiarios de la Ley de Nietos del resto de las nuevas altas.
Tampoco sabe qué provincias eligen los nuevos españoles del extranjero
La falta de información alcanza también a la distribución territorial de estos nuevos electores. OKDIARIO preguntó al INE si existe algún cruce estadístico entre el país en el que reside el nuevo ciudadano español y la provincia o municipio que queda asignado a efectos electorales. La respuesta fue tajante: «El INE no dispone de esta información».
La cuestión resulta relevante porque muchos beneficiarios de la Ley de Nietos obtienen la nacionalidad desde el extranjero y pueden incorporarse al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) sin haber vivido previamente en España.
En esos casos, la normativa establece que, si el nuevo elector residió anteriormente en España, será inscrito en el municipio de su última residencia. Cuando nunca ha residido en territorio español, debe utilizarse el municipio con el que tenga mayor arraigo él mismo o alguno de sus ascendientes.
El consulado puede decidir el municipio de oficio
Si el ciudadano pretende ser inscrito en un municipio diferente, debe entregar una declaración explicando su elección y presentar documentación que acredite ese vínculo. Pero cuando esa justificación no resulta suficiente, la Oficina Consular puede determinar de oficio el municipio utilizando los datos de los que disponga.
El INE no ha precisado a OKDIARIO cuántos expedientes han necesitado documentación adicional ni cuántas solicitudes de adscripción territorial han sido rechazadas. «No dispone de la información solicitada», responde nuevamente el organismo.
Tampoco existe, según la contestación obtenida mediante Transparencia, una estadística que permita saber cuántos nuevos nacionalizados residentes en Argentina, Cuba, México, Venezuela u otros países han quedado adscritos electoralmente a cada provincia española.
El Estado tampoco puede calcular cuánto tarda un nacionalizado en convertirse en elector
Otra de las preguntas buscaba conocer cuánto tiempo transcurre entre la concesión de la nacionalidad española y la incorporación efectiva de la persona al Censo Electoral.
El INE sostiene que tampoco resulta posible extraer esa información con los registros disponibles. Sobre posibles aumentos extraordinarios de altas antes de unas elecciones, el organismo se limita a señalar que publica mensualmente la evolución de los censos cerrados.
Eso permite conocer que el número global de electores aumenta o disminuye, pero no determinar qué parte de ese movimiento responde específicamente a la Ley de Nietos.
Tampoco hay un desglose directo por consulados
El periódico solicitó además el número de inscripciones censales gestionadas por cada consulado. En este caso, el INE asegura que obtener la información exigiría «una reelaboración de los datos que implica la creación de procesos específicos para la extracción».
El organismo ofrece la posibilidad de solicitar trabajos estadísticos personalizados mediante un procedimiento específico sujeto a las tarifas establecidas desde 2024. Respecto al padrón municipal, el INE se limitó igualmente a remitir a las cifras generales disponibles, sin ofrecer la posibilidad de aislar las incorporaciones derivadas de esta vía de nacionalización.
El INE invoca el secreto estadístico
Parte de las limitaciones son justificadas por el organismo mediante las normas de secreto estadístico y protección de datos personales. La legislación impide entregar información que permita identificar directa o indirectamente a ciudadanos concretos.
Sin embargo, el problema expuesto por la respuesta va más allá de la imposibilidad de facilitar datos personales: en varios de los apartados requeridos, el INE reconoce directamente que la información no existe en los términos necesarios para medir el fenómeno.
