Bankia ha aportado un nuevo informe pericial a la causa que juzga su salida a Bolsa en el que concluye que el equipo del expresidente Rodrigo Rato actuó con «racionalidad económica», adoptó sus decisiones según análisis de organismos internacionales, y no cometió irregularidades contables.
El documento, elaborado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Navarra Germán López Espinosa, destaca que en el momento de la salida a Bolsa, julio de 2011, no se podía predecir la «enorme dureza» que iba a alcanzar la crisis de la deuda soberana en Europa, y su posterior contagio al sector bancario.
Decretos ‘Guindos’
La misma tesis de defensa empleada en repetidas ocasiones por Rato y los principales acusados, pero que cobra especial relevancia ahora al ser constatada al inicio del juicio por otro perito judicial a instancias de la propia Bankia.
Tampoco cabía esperar, según este informe al que ha tenido acceso Efe, los dos decretos «Guindos» de 2012, cuyas exigencias a las entidades financieras provocaron gran parte de los deterioros al cierre de ese ejercicio, y ante los cuales la dirección de Bankia actuó como cabía esperar, «con racionalidad económica».
Las decisiones adoptadas entonces, prosigue el profesor López Espinosa, se tomaron en función de los escenarios más probables que los organismos internacionales habían publicado.
El trabajo, que ha tenido en cuenta la práctica totalidad de los préstamos del Grupo BFA/Bankia (1.464.996), y no una muestra como sucedió con los informes de los peritos aportados por el Banco de España, descarta que en Bankia o en BFA se aplicara de forma irregular la normativa contable.
Señala además que no existe ningún informe de valoración que haya podido demostrar déficit alguno en la constitución del SIP de las siete cajas: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja y las de Ávila y Segovia.
Por lo que respecta al folleto de la salida a Bolsa, cuyo contenido ha sido puesto en cuestión por algunas acusaciones, no existe ninguna evidencia de que contuviera errores materiales, deficiencias informativas o cualquier tipo de sesgo.
A juicio del catedrático, en la salida a Bolsa de Bankia «existía información precisa sobre su situación financiera y patrimonial, los factores de riesgo, las expectativas existentes en dicho momento y el efecto de posibles escenarios macroeconóómicos adversos».
Entre otras pruebas de lo «impredecible» de las circunstancias de aquel momento, recuerda que en 2012 se esperaba un euríbor a 3 meses del 2,3 %, y aunque en los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea con el peor de los escenarios posibles se contempló que fuera del 3,1 %, el indicador se situó en julio de ese año en el 0,50 % y concluyó el ejercicio en el 0,19 %.
En el último trimestre de 2011 y el primero de 2012 la crisis de la deuda soberana golpeó con fuerza a España, añade, y todo ese contexto afectó directamente «de forma muy negativa a la capacidad de generación de ingresos de Bankia».
Hubo además un fallo imprevisible en el mercado de la financiación mayorista, sin el cual los bancos no funcionan correctamente y dependen del BCE, otra razón por la que no era posible anticipar lo que ocurriría con Bankia tras su salida a Bolsa.
En todo caso, continúa, no hay duda de que la reformulación de cuentas del ejercicio 2011 «era una obligación tanto para el auditor como para los administradores», para tratar de ajustar la pérdida incurrida tras la nueva información conocida en abril y mayo de 2012.
Por otra parte, cabe recordar que el Grupo BFA/Bankia era el líder indiscutible de exposición al sector constructor y promotor inmobiliario, en buena parte debido a la aportación de activos de Bancaja.
Cuestiones previas
Este martes se reanuda con una sesión en la que la presidenta de la Sala, Angela Murillo, resolverá las cuestiones previas planteadas por las partes y previsiblemente comenzará el interrogatorio de los acusados con el del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.
Rato acudirá a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares en un furgón policial, y junto a él irán pasando por el estrado la treintena de directivos acusados. La sección cuarta de la sala de lo Penal presidida por la juez Ángela Murillo es la encargada de enjuiciar las supuestas irregularidades del salto al parqué de la entidad el 20 de julio de 2011, por las que la Fiscalía, que sólo acusa a los cuatro antiguos administradores, pide para Rato cinco años de prisión por presunta estafa a inversores.
Representada por la fiscal Carmen Launa -que sustituye a Alejandro Luzón tras su nombramiento al frente de Anticorrupción- también achaca dicho delito al exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años de prisión), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado, Francisco Verdú (dos años y siete meses).
No obstante, Anticorrupción se reservó, en la primera sesión del juicio, la posibilidad de añadir al delito de estafa a inversores que atribuye a la antigua cúpula de la entidad el de falsedad contable, que también podría extender al resto de acusados, si bien esto no se conocerá hasta la presentación de las conclusiones finales, previstas para el mes de junio.
