El exministro popular ha reiterado durante su declaración ante la Audiencia Nacional que el Banco de España jamás mostró reparos en la salida a bolsa de la entidad financiera.
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha dicho ante la Audiencia Nacional que su marcha de la entidad el 7 de mayo de 2012 vino motivada por el entonces «presidente del Gobierno», Mariano Rajoy, quien le «echó» del cargo, dando inicio a la «intervención política» del banco.
“A mi me echó el presidente del Gobierno, a mi personalmente. Fue una decisión absolutamente política”, ha indicado el exvicepresidente popular en respuesta a las preguntas de Anticorrupción.
Asimismo, ha relatado que en ningún momento el Banco de España mostró reparos a que la entidad saliera a Bolsa, en julio de 2011, con un fuerte descuento, ya que el objetivo era ejecutar la operación antes de septiembre para evitar tener que «entregarles las llaves», esto es, su nacionalización.
Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, que ha retomado este miércoles la sesión, el exministro ha explicado que el organismo regulador «no estaba transmitiendo que a un determinado precio la acción no merecía la pena, sino que antes de septiembre tenía que haber salido», una consigna que partía «del FROB y la ministra», en alusión a la entonces titular de Economía, Elena Salgado.
Como hiciera en la última jornada, ha matizado que la salida a Bolsa «no era un negocio empresarial autónomo», sino que el Consejo de Administración se vio marcado en su decisión por «una estrategia del Congreso de los Diputados», impulsada por el Ejecutivo socialista.
Al respecto, Rato ha insistido en que el propio fondo, que ya antes había aportado 4.465 millones de euros para la integración de las siete cajas que dieron lugar a Bankia, constató que «tenía un coste mayor» no saltar al parqué que hacerlo a 3,75 euros, un 74 % inferior al inicialmente estimado.
«No os preocupéis, cumplid el plan de negocio y veréis cómo la acción sube», ha aseverado el exministro que fue el mensaje del que fuera director de Supervisor del Banco de España Jerónimo Martínez Tello a los representantes de la Caja de Canarias -que junto con Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caixa Laietana, y las de Segovia y La Rioja, dieron origen al grupo financiero-.
En este punto, la fiscal Carmen Launa se ha referido a la reunión de 28 de junio de 2011 en la que se planteó como «línea roja» la necesidad de mantener la posición de control en el banco y se habló del efecto del descuento, hechos de los que habría advertido el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, también implicado en la causa.
Rato ha puntualizado que el aviso de Celma -contra el que formulan cargos las acusaciones particulares y populares- fue «a los bancos colocadores», algo «sorprendente» y de «oficiosidad notable», que entiende «tenía que haberlo comentado a nosotros, al FROB y al Banco de España».
Una versión que contradice al escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que pide cinco años de prisión para el exvicepresidente del Gobierno por estafa a inversores, para la que el descuento evidencia que los deterioros «no lucían plenamente» en la contabilidad y muestra «lo que se quería evitar», el incumplimiento del coeficiente de solvencia que determinó que apenas meses después el FROB entrara en el capital de la entidad.
Con todo, Rato ha defendido que entendieron el debut bursátil como la oportunidad de convertirse en una «entidad como las demás», rompiendo con un «hito histórico» para las cajas, que hasta entonces eran entidades públicas pero sin socios, y que ahora podían convertir preferentes en acciones, realizar acciones de capital o integrarse en fusiones, «aunque no fuera en unas condiciones óptimas».