El presidente de Aragón,Jorge Azcón (PP), se ha convertido en uno de los líderes políticos más sumisos a las agendas que están acabando con la vida de los españoles, adoptando políticas que, bajo el pretexto de la legalidad y el consenso, perpetúan las políticas del bipartidismo en materia de inmigración masiva y destrucción del campo.
La gestión de Azcón en Aragón revela una alineación preocupante con las políticas del Gobierno central de Pedro Sánchez. El presidente aragonés ha priorizado las agendas progresistas.
Uno de los puntos más críticos es la acogida masiva de menores extranjeros no acompañados (menas). Azcón defendió esta medida alegando el cumplimiento de la ley, lo que llevó a la ruptura con VOX y al abandono de su coalición de gobierno. Esta postura no sólo ignora las preocupaciones locales sobre seguridad y recursos, sino que replica la política de inmigración abierta del PSOE, criticada por sobrecargar los servicios públicos.
Otro eje de esta sumisión es la destrucción del campo aragonés. Bajo el mandato de Azcón, se ha permitido a empresas como Forestalia —investigada por irregularidades— expropiar tierras agrícolas para proyectos eólicos masivos, talando miles de árboles y fragmentando el territorio rural. Esta política verde amenaza la viabilidad de los agricultores locales y se alinea con las ambiciones ecológicas del PSOE, que priorizan renovables sobre la soberanía alimentaria. Agricultores han denunciado que, en lugar de proteger el sector primario, el Gobierno de Azcón importa fruta marroquí para comedores escolares, afectando a 100.000 alumnos y socavando la producción nacional.
La inmigración no se limita a los menas: Azcón ha facilitado la llegada de 2.200 trabajadores chinos para la gigafactoría de CATL, vinculada al Partido Comunista Chino, incluso financiando sus viviendas con fondos públicos. Esto, sumado al aumento de la delincuencia —Aragón lideró el crecimiento criminal en 2024 debido a la inmigración magrebí—, crea «zonas no go» en Zaragoza y refleja una política de puertas abiertas típica del socialismo, que ignora el impacto en la cohesión social. Además, el Ejecutivo aragonés promueve clases de cultura marroquí en colegios, fomentando la islamización y destinando millones en subvenciones a ONG como Cruz Roja para gestionar ilegales.
En el plano ideológico, Azcón ha preferido pactos con el PSOE de Lambán o formaciones como Chunta Aragonesista antes que con VOX. Ha intentado derrumbar cruces cristianas históricas bajo excusas medioambientales —paralizado por recurso de VOX— y ha acatado la creación inminente de un registro de objetores al aborto, plegándose a las exigencias de Sánchez y promoviendo la cultura de la muerte.
Estas decisiones pintan un retrato de un PP aragonés que, lejos de oponerse al sanchismo, lo sostiene en la práctica. Mientras VOX denuncia esta «estafa» y exige un cambio de rumbo, Azcón opta por el consenso con la izquierda, perjudicando a los aragoneses.
