Tres regiones con sus tres reformas. A excepción de Murcia, en los otros dos casos se exige más financiación y el respeto a las singularidades autonómicas.
La ponencia del Congreso para la reforma del Estatuto canario se ha constituido este martes con el objetivo de tener elaborado un texto definitivo en febrero, para lo que ya ha fijado una próxima reunión el 17 de enero, un mes en el que también se organizarán otros encuentros de trabajo.
Sobre la mesa del Congreso hay tres reformas estatutarias pendientes: Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia. Cada una con sus peticiones particulares y sistema propio en este nuestro ‘reino de taifas’. En el Estado autonómico, como ha quedado patente tras la aprobación del ‘cupo vasco’, la desigualdad de los españoles es un hecho constatado.
El objetivo ya no es aunar objetivos, homogeneizar competencias o la búsqueda del equilibrio en cuanto a la financiación. Lo que verdaderamente buscan las regiones es la diferenciación.
La reforma Canaria
Es la que está más avanzada. Si los plazos que maneja el Congreso se mantienen la comunidad insular tendrá la reforma de su Estatuto para el próximo mes de junio. La celeridad del PP a tramitar su aprobación responde al cambio de cromos de Rajoy con los nacionalistas. La modificación estatutaria a cambio de su apoyo a investidura y presupuestos.
Para la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, es «muy importante» que Canarias cuente con un nuevo Estatuto cuando se está produciendo el debate sobre el modelo territorial en el Congreso y poder participar así en «igualdad de condiciones que el resto de comunidades», por lo que espera que pueda estar aprobado en junio.
El principal punto de fricción es la reforma del sistema electoral, algo a lo que se oponen tanto Podemos como Ciudadanos. El anterior intento de reforma fue rechazado hace diez años precisamente porque no se llegó a un acuerdo en este tema.
En cuanto a la cuestión territorial, en el preámbulo de la reforma del Estatuto se define a Canarias como un “archipiélago atlántico”, con una “identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales”, y que ha ejercido el “derecho a la autonomía como nacionalidad” para constituirse en comunidad autónoma.
También exigen el blindaje del régimen fiscal insular y una mejora de la financiación.
El caso valenciano
Los valencianos tendrán que esperar un poco más, pese a que su propuesta de reforma entró en el Congreso ya en el año 2011 -cuatro años después que el canario-. A consecuencia de este agravio comparativo, el presidente de Las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha remitido una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que le ruega que «no se vuelva a dilatar» el periodo de presentación de enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía Valenciano, que «se ha aplazado ya en 41 ocasiones».
«Como usted conoce, la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana está en periodo de presentación de enmiendas desde noviembre de 2016, hoy hemos conocido que se ha dado una nueva ampliación hasta el 19 de diciembre», expone Morera en su carta.
La pretendida modificación establece que las inversiones estatales en la región sean equivalentes al peso de su población. Se trata de implementar la conocida como ‘’cláusula Camps’’, impulsada por el expresidente popular, y asegurar así una inversión anual que tenga en cuenta el volumen de población, que representa cerca del 11 % del total de España.
Un especie de hipoteca para el resto de Comunidades Autónomas que, de aprobarse la reforma, podrían ver como la inversión estatal mengua. Todos los grandes partidos, a excepción de Ciudadanos, están a favor de respaldar el cambio estatutario.
Murcia y los aforamientos
Su petición no tiene nada que ver con el autogobierno, el aumento de la financiación o la cuestión identitaria. La reforma planteada por la Asamblea Regional pretende eliminar los aforamientos de los diputados y miembros del ejecutivo murciano.
Todos los grupos aprobaron la propuesta, condición de Ciudadanos para permitir al PP poder gobernar, y ya ha llegado al Congreso de los Diputados. Aquí la modificación se torna algo más complicada, ya que el Partido Popular no quiere eliminar los aforamientos.
La excusa para mantener dicho privilegio anacrónico no es otro que la necesidad de una reforma en todo el país. Madrid, Andalucía o La Rioja son otros de los lugares donde Ciudadanos impuso la eliminación de los aforamientos como condición para investir a los candidatos más votados, pero ninguno de ellos ha cumplido todavía.
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