La Cámara de los Lores del Parlamento británico debatirá en junio dos propuestas impulsadas por parlamentarios provida para proteger a los bebés que nacen vivos tras un aborto fallido y para obligar a registrar las complicaciones derivadas de estas prácticas. La iniciativa llega en pleno debate político en Reino Unido después de que avanzasen reformas para despenalizar el aborto hasta el mismo momento del parto en Inglaterra y Gales.
La principal propuesta ha sido presentada a petición de la baronesa provida O’Loan bajo el nombre de Ley de Protección al Infante Nacido Vivo. El objetivo es garantizar atención médica inmediata a cualquier bebé que sobreviva a un intento de aborto, con los mismos cuidados que recibiría cualquier recién nacido.
La iniciativa surge tras varios casos que han provocado una fuerte polémica en Reino Unido. Uno de los más conocidos fue el de Samuel, un bebé que sobrevivió a un aborto y falleció horas después sin recibir atención médica. Según datos difundidos por el medio provida Lifenews, en 2022 al menos 50 bebés sobrevivieron a abortos y murieron posteriormente por abandono sanitario.
El debate se produce además después de que la Cámara de los Lores aprobase el pasado 19 de marzo el proyecto de ley sobre delincuencia y seguridad policial, al que se incorporaron modificaciones que abren la puerta a eliminar las sanciones penales contra las mujeres que aborten incluso en fases avanzadas del embarazo.
La legislación británica permite actualmente abortar hasta las 24 semanas de gestación desde la aprobación de la ley de 1967. Sin embargo, tras la pandemia del coronavirus, el acceso al aborto químico se amplió al permitirse el envío por correo de pastillas abortivas para mujeres con menos de diez semanas de embarazo sin necesidad de acudir presencialmente a una consulta médica.
Los sectores provida consideran que las nuevas reformas suponen un cambio radical en la legislación británica al eliminar en la práctica cualquier límite penal relacionado con el aborto. El proyecto incluye la cláusula 208, que excluye la responsabilidad criminal de la mujer en relación con el aborto, independientemente de la etapa de gestación.
Junto a la propuesta de O’Loan se debatirá también la Ley de Notificación Anual de Complicaciones del Aborto, presentada por el lord Moylan. El texto busca obligar a registrar y publicar de forma transparente las complicaciones médicas derivadas de los abortos.
La propuesta se apoya en una revisión oficial realizada en 2023 por la Oficina para la Mejora y las Disparidades en Salud del Gobierno británico. Ese informe comparó los datos hospitalarios con los comunicados por las clínicas abortistas entre 2017 y 2021 y concluyó que las complicaciones reales detectadas en hospitales eran superiores a las notificadas oficialmente por los centros de aborto.
El endurecimiento de la legislación abortista en Reino Unido no es nuevo. En 2022, el Tribunal de Apelación británico avaló la legalidad de abortar a bebés con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento al rechazar el recurso presentado por Heidi Crowter, una mujer inglesa con esta alteración genética que denunció la discriminación legal contra los niños no nacidos con discapacidad.
Las nuevas iniciativas impulsadas en la Cámara de los Lores reflejan el creciente choque político y social en Reino Unido entre quienes buscan ampliar todavía más el acceso al aborto y quienes reclaman límites legales y protección para los bebés que sobreviven a estas prácticas.
