La exministra de Industria, Comercio y Turismo del PSOE, Reyes Maroto, gastó un total de 260.171,05 euros entre 2018 y 2023, gracias a una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso LA GACETA. El documento recoge los costos en alojamiento, transporte y dietas, tanto de la exministra como de las delegaciones que la acompañaron, reflejando un importante desembolso de recursos públicos.
Entre los desplazamientos más destacados figuran viajes nacionales a ciudades como Santander, Oviedo y Palma de Mallorca, así como internacionales a destinos como Pekín, Nueva York, Washington y Buenos Aires. Uno de los viajes más costosos tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando la entonces ministra visitó Guatemala, Panamá y Argentina, con un gasto total de 11.217,27 euros. Asimismo, en junio de 2019, un viaje a China y Japón supuso un desembolso de 13.038,82 euros.
Los datos también reflejan un importante gasto en la representación de España en foros internacionales y actividades relacionadas con la promoción turística e industrial. En septiembre de 2022, Maroto lideró un desplazamiento a Doha, Bali, Sídney y Canberra, cuyo costo total fue de 11.073,49 euros.
En el ámbito nacional, se registraron frecuentes desplazamientos a ciudades como Barcelona, Sevilla y Valencia, que generaron altos costos en transporte y servicios complementarios. Además, algunos viajes incluyeron gastos adicionales por el uso de salas de autoridades en aeropuertos, con importes que oscilaron entre 145,20 y 290,40 euros por trayecto.
El informe también detalla casos de viajes cancelados que generaron gastos previos, como el previsto a Tiflis (Georgia) en septiembre de 2020, que supuso un desembolso inicial de 198,85 euros a pesar de no haberse realizado.
La resolución, firmada por el Subsecretario de Industria y Turismo, Pablo Garde Lobo, subraya que «cualquier posible reclamación puede ser presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reforzando la intención de garantizar el acceso público a esta información».
La publicación de estos datos se enmarca en un contexto de creciente interés por la fiscalización del uso de recursos públicos, en un momento en el que la gestión económica y la transparencia administrativa están bajo el escrutinio de la ciudadanía.
