Ambas dirigentes secesionistas se fugaron de la Justicia y pusieron rumbo a Suiza, donde las leyes de inmigración son menos laxas que en España. El ministro de Exteriores del país avanza qué condiciones deben cumplir si no quieren ser expulsadas.
Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, y de Suiza, Ignazio Cassis, abogaron por «dejar trabajar a la Justicia» en el caso de la secretaria general de la ERC, Marta Rovira, que huyó en marzo a Ginebra, y del exempleado del HSBC Hervé Falciani, cuya extradición pide Suiza.
«Estamos de acuerdo en dejar trabajar a la Justicia en la confianza que tenemos los dos como estados democráticos que defendemos el Estado de derecho y los valores y principios fundamentales de la Unión Europea y Suiza que rigen en los sistemas jurídicos y sociales», señaló Dastis en una rueda de prensa tras reunirse con Cassis.
Añadió que ambos han abordado los casos de Rovira, que está procesada en España por el delito de rebelión en el marco del ilegal proceso secesionsita catalán y que huyó el 23 de marzo a Ginebra, y de Falciani.
Suiza ha pedido la extradición de Falciani desde España, el exinformático de la filial helvética del banco HSBC condenado en 2015 en ausencia en el país alpino a cinco años de prisión que le fue impuesta por espionaje financiero agravado, al haber revelado los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una orden internacional de detención contra Rovira, mientras que el juez ha dictado una orden nacional de detención para la exdiputada regional catalana Anna Gabriel por desobediencia en el marco del proceso ilegal independentista.
Dastis señaló todo ello «no es una cuestión que esté en mis manos o de las del Ejecutivo español, sino de los jueces. Veremos qué pasará. Será una discusión entre jueces. Es un asunto en el que hay que dejar trabajar la Justicia».
Cassis sostuvo a su vez que «la posición de Suiza está clara: si hay una solicitud de extradición u otra solicitud judicial de parte de España responderemos en el plano jurídico. No es un asunto político. Tenemos que respetar las leyes y reconocemos la separación de poderes».
Serán expulsadas si no reúnen unas condiciones
El titular suizo de Exteriores señaló que con Rovira y Gabriel «tenemos a dos políticas catalanas en Suiza, que en tanto que ciudadanos comunitarias y acorde al libre movimiento de personas pueden estar en el país al menos tres meses y después tendrán que buscarse un trabajo y demostrar que tienen suficientes medios financieros para quedarse».
La legislación suiza es bastante dura en cuanto a la inmigración y exige unas condiciones menos laxas -que por ejemplo las españolas- para poder quedarse en el país. Rovira huyó a Suiza a finales de marzo, por lo que el plazo de tres meses expiraría en junio, mientras que el de Anna Gabriel finalizaría un poco antes, a finales de mayo.
En opinión de Cassis, tanto Rovira como Gabriel y los «políticos catalanes que vienen a Suiza tienen el derecho de estar en el país y de hablar con la gente, también con el alcalde de Ginebra», Rémy Pagani, quien la semana pasada ofreció al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, mediar en la cuestión catalana.
«En el profundo federalismo suizo, es absolutamente normal que el alcalde de una ciudad pueda hablar tranquilamente con quien quiera sin tener que pedir el permiso a la Confederación» Helvética, dijo.
Dastis dijo sobre el caso Falciani que España acaba de recibir la demanda de extradición de Suiza y que se transmitirá a la Audiencia Nacional, quien subrayó que ambos países «confían en nuestros respectivos sistema de Derecho».
Ambos ministros descartaron que pueda haber un «intercambio de cromos» entre Rovira y Falciani.
«Me parece completamente una fantasía, algo descabellado pensar que va a haber un intercambio entre una persona y la otra. Así no es como funciona el orden jurídico, ni en Suiza ni en España», recalcó el ministro español.
«Somos políticos y conocemos la separación de poderes. No nos corresponde decidir a nivel gubernamental sobre leyes. Eso corresponde a los jueces», afirmó Cassis, quien aseguró que «no hay ningún plan secreto de intercambio de prisioneros, con perdón» por la palabra, se dirigió a Dastis.
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