En los juzgados y con la ley como única arma, estas seis personas, órganos judiciales y cuerpos policiales han enterrado la intentona golpista del separatismo catalán.
La semana pasada La Gaceta hacía un repaso a las principales asociaciones y personalidades que habían ayudado a combatir el discurso falaz del separatismo en el exterior. Ante la incomparecencia del Ejecutivo, grupos como Empresarios de Cataluña, Sociedad Civil Catalana, la entidad civil ‘Basta Ya’ o intelectuales de la talla de Fernando Savater o el dramaturgo Albert Boadella han decidido dar la batalla de las ideas para contrarrestar el impacto del relato independentista.
Hoy le toca el turno a esos nombres propios que, en el seno de la Justicia, se han valido de la ley como única arma para desmantelar el ‘procés’.
José Manuel Maza
El fiscal general del Estado fallecido puso la primera piedra en forma de querella por rebelión, sedición y malversación contra todos los implicados en la intentona golpista. Justo un día antes, el 30 de octubre, Puigdemont y otro cuatro exconsejeros se fugaron a Bélgica. Las querellas se presentaron en dos tribunales diferentes: en el Supremo para los miembros de la Mesa del Parlament (por su condición de aforados) y en la Audiencia Nacional contra Puigdemont y los exconsejeros (cesados ya en virtud del artículo 155 de la Constitución).
Pocas semanas después, Maza fallecía repentinamente en Buenos Aires de una insuficiencia renal aguda. Sólo cumplió un año como fiscal general del Estado pero cimentó las bases sobre las que se ha construido la causa contra los cabecillas del ‘procés’.
Carmen Lamela
En sus manos recayó la querella contra los exconsejeros. Dictó la euroorden para capturar en Bélgica a Puigdemont y los exconsejeros fugados, que más tarde retiró el magistrado Llarena. Sufrió las iras del separatismo por encarcelar a los Jordis y los exconsejeros que sí dieron la cara ante la Justicia. Poco después el Supremo absorbió la causa que investiga a los líderes políticos del ‘procés’ y se quedó únicamente con la relativa a la cúpula de los Mossos de Esquadra, dado el carácter indiciario de organización criminal que aprecia en sus acciones.
Hace una semana procesópor sedición y organización criminal a Trapero y el resto de la antigua cúpula política de la policía autonómica. La juez de la Audiencia Nacional descartó la rebelión por no poder acreditar la violencia que requiere dicho tipo penal, según explicó en el auto. Algunos juristas han considerado más acertada la calificación hecha por Lamela que la del juez Llarena, que sí ha procesado a Puigdemont y varios exconsejeros por rebelión.
Pablo Llarena
Santi Vila reveló hace unos días en una entrevista que no creía que Llarena estuviese actuando bajo la influencia del poder político. Y así ha quedado demostrado en dos ocasiones: cuando denegó la libertad al exconsejero Joaquim Forn pese a la petición de la Fiscalía y con el escrito que remitió la semana pasada a Montoro, en el que le pedía que acreditase que los secesionistas no habían usado fondos públicos para costear el ‘procés’.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo
Esta Sala del Alto Tribunal ha respaldado al juez Llarena en todas y cada una de las actuaciones que ha venido practicando. Los magistrados fueron especialmente duros contra el tribunal alemán que rechazó la entrega de Puigdemont por rebelión en su último auto, con motivo del recurso planteado por Jordi Sánchez. Criticaron la comparación establecida por el tribunal de Schleswig-Holstein entre el proceso secesionista catalán y las protestas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.
“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, afirmaba el auto.
La Sala Segunda secundó la decisión de Llarena de imputar a los líderes separatistas por rebelión y argumentó la violencia que la fundamenta. Pero también le recordó que el fiscal José Manuel Maza -muy avispado cuando presentó la querella- dejó la puerta abierta a una imputación por sedición, tipo que no requiere de violencia y por el que ha optado la juez Lamela con la antigua cúpula de los Mossos.
La acusación particular
Pero no siempre el Ministerio Público han estado de acuerdo. Recordemos que el juez sólo puede decretar prisión para un acusado si alguno de estos dos actores lo solicita. Retomando el caso de Joaquim Forn, gracias a la petición de VOX sigue en prisión, ya que en la última revisión solicitada por el exconsejero la Fiscalía pidió su libertad con medidas cautelares por ‘’razones humanitarias’’.
Guardia Civil y Policía
Han sido denostados, amenazados, atacados y agredidos por el separatismo. Su papel en Cataluña ha sido desde el principio el de garantes del cumplimiento de la ley. Y así lo han ido demostrando durante estos meses. La Guardia Civil ha estado recopilando las pruebas que sustentan los delitos que Llarena imputa a los procesados. Su labor ahora es más importante que nunca tras las declaraciones del ministro de Hacienda negando que se haya destinado dinero público al referéndum ilegal. Mientras Montoro dice que no ha habido malversación, los informes de la Benemérita estiman que ésta ha podido llegar a los dos millones de euros.
Y no nos podemos olvidar de la Policía Nacional. ¿Qué sería de la causa si no hubiesen evitado hace unos meses que los Mossos d’Esquadra quemaran documentos sensibles en una incineradora? De todos esos papeles han salido varias de las pruebas que aportan indicios sobre los que construir las imputaciones que pesan contra los cabecillas de la trama golpista.
Bonus: El Rey
Después de meses, incluso años -no sabemos si por orden del Gobierno- de silencio sepulcral ante lo que se estaba cocinando en Cataluña, el Rey por fin habló. Y fue muy contundente en aquel mensaje del 3 de octubre. Su defensa de Estado de Derecho y de la Constitución retumbó en todo el país. Sus palabras, más contundentes y útiles que cualquiera de los últimos veinte discursos del presidente del Gobierno, fueron un halo de esperanza para esa otra mitad de catalanes que permanecían silentes. Bueno, más bien silenciados por una clase política catalana muy sectaria y unos medios de comunicación públicos a su servicio.
Por si quieren rememorarlo, aquí va el discurso del Rey:
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