La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que pudo existir una vía de pagos no declarados desde Madrid hacia el PSC durante la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024. Esa hipótesis forma parte de las pesquisas abiertas por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta existencia de una «unidad de acción» dentro del PSOE orientada a interferir o desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido.
En el marco de esa causa, la Audiencia Nacional reclamó el pasado miércoles al PSOE toda la documentación relacionada con los gastos de aquella campaña electoral, en la que el PSC ganó los comicios y Salvador Illa acabó alcanzando la Presidencia de la Generalitat. El magistrado ha pedido los datos contables enviados tanto a la Sindicatura de Comptes como al Tribunal de Cuentas, así como contratos, facturas, estados financieros y desembolsos vinculados a propaganda y publicidad.
El foco de los investigadores se dirige ahora hacia la posible existencia de una campaña paralela o «campaña oscura» durante el periodo electoral catalán. Este tipo de operaciones, dirigidas presuntamente a influir en el comportamiento del electorado rival mediante maniobras engañosas, mensajes interesados o difusión de contenidos falsos, podrían encajar en un supuesto pago irregular y vulnerar la normativa electoral, en concreto el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Las elecciones catalanas de mayo de 2024 supusieron un giro político relevante en Cataluña, al poner fin a años de gobiernos encabezados por partidos separatistas. Según un informe de la Sindicatura de Comptes avanzado por El Economista, el PSC contó con un presupuesto de 2,9 millones de euros para esa campaña. El mismo documento detectó que 6.607 euros se pagaron fuera de la cuenta electoral habilitada, además de advertir de la participación de empresas que no declararon su facturación al partido pese a superar el umbral legal de 10.000 euros.
Dentro de esa línea de investigación, la Guardia Civil analiza un pago cercano a los 20.000 euros a la periodista Patricia López, ya fallecida, a través de su sociedad Grupo Crónica Libre. De acuerdo con el auto judicial, Santos Cerdán habría ordenado canalizar esa cantidad mediante una supuesta «campaña de publicidad» incluida en el «plan de medios» del partido, cuya ejecución se habría articulado a través de una agencia externa.
El juez sitúa el origen de estas pesquisas a comienzos de 2024, cuando, según la resolución, la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán mantenían conexiones dentro de un presunto entramado organizado para la obtención de comisiones. En ese contexto se enmarca la investigación sobre la eventual utilización de medios, pagos y filtraciones para favorecer determinados intereses políticos y judiciales.
Según la tesis que manejan los investigadores, la relación con algunos medios no habría tenido únicamente un fin propagandístico, sino que habría buscado darles un papel activo en la difusión de informaciones concretas. Entre esos materiales figurarían grabaciones procedentes de los archivos del comisario Villarejo, cuya publicación podía tener impacto en procedimientos judiciales que afectaban a integrantes del Gobierno o del PSOE.
Las anotaciones intervenidas a Leire Díez, una de las principales investigadas, también han llamado la atención de los agentes. En esos apuntes aparece una vinculación entre la «creación de un periódico» y la denominada internamente «Operación PSOE», lo que, para los investigadores, podría apuntar a una estrategia mediática diseñada para intervenir en el debate público y condicionar causas judiciales sensibles.
El auto atribuye además un papel concreto a Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE. Según la resolución, habría sido quien comunicó a Patricia López que el pago ya estaba «dentro del plan de medios» y que una agencia externa contactaría con ella para materializar la operación. Este extremo es uno de los elementos que han llevado a la Audiencia Nacional a reclamar al partido toda la documentación económica de la campaña catalana.
El PSC, por su parte, ha negado cualquier irregularidad y ha defendido su colaboración con la Justicia. En un comunicado, la formación aseguró haber recopilado toda la información requerida, que ya había sido remitida previamente a la Sindicatura, para ponerla ahora a disposición de la autoridad judicial. Los socialistas catalanes subrayaron además que el auto no establece una relación directa entre la campaña de Cataluña y los hechos investigados.
