El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al TC que le corresponde por cuota sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.
Campo es la persona que, siendo ministro, tramitó el indulto a los golpistas del 1 de octubre. «Los tiempos de la Justicia terminaron con la sentencia, ahora es el tiempo de la política», aseveró.
En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.
Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el «placet» a los seleccionados. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque –explicaban- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.
Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.
Frente a esta tesis, otras fuentes sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría «de facto» hacerlo por sextos (2 magistrados). Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya -que debe cubrir el Senado- sigue vacante.
Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría izquierdista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.