El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con los partidos separatistas catalanes un acuerdo energético que permitirá a Cataluña ganar competencias en materia de gestión eléctrica, aunque su aplicación no será inmediata. Según fuentes políticas citadas por ABC, el compromiso está cerrado, pero se ejecutará únicamente cuando la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, cierre definitivamente sus reactores y se inicie su desmantelamiento. Solo entonces se abordará la prolongación de la vida útil de las centrales catalanas de Ascó y Vandellòs, clave en el suministro regional.
El pacto llega tras meses de negociaciones discretas con Junts y ERC, formaciones que, pese a su discurso histórico antinuclear, han suavizado su postura ante la preocupación por la pérdida de competitividad y empleo en las comarcas donde operan las centrales. Las tres plantas catalanas —Ascó I, Ascó II y Vandellòs II— generan en conjunto alrededor del 60% de la electricidad que consume el territorio, una proporción muy superior al 20% que representa la energía nuclear en el conjunto del país.
El cambio de actitud de los separatistas se produjo tras el apagón del 28 de abril y la posterior decisión del Congreso, el 17 de junio, de tramitar una proposición para extender la vida de las centrales nucleares. La abstención inesperada de Junts y ERC permitió su avance, en contraste con su postura tradicional. Detrás de esa maniobra, señalan las fuentes, estaría la presión de los municipios y empresas catalanas dependientes del sector nuclear, que temen un impacto económico severo si se cumple el calendario de cierres fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Ese plan, aprobado por el Ejecutivo en 2021, prevé el apagado progresivo de los siete reactores españoles entre 2027 y 2035. Almaraz será la primera en cerrar: su primer reactor se detendrá en 2027 y el segundo un año después. Le seguirán Cofrentes (2030), Ascó I (2030), Ascó II (2032), Vandellòs II (2035) y, por último, Trillo. Sin embargo, la hoja de ruta podría alterarse si el Gobierno central mantiene su compromiso con Cataluña, que vincula cualquier avance hacia su «soberanía energética» al apagado definitivo de la planta extremeña.
El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se muestra oficialmente partidario de acelerar la transición a energías renovables, pero en privado —según fuentes conocedoras de las conversaciones— habría admitido su interés en mantener la producción nuclear como garantía de estabilidad. «Venderá el discurso verde, pero sabe que sustituir la energía nuclear por renovables no es algo que se haga en pocos años», señalan las mismas fuentes.
El acuerdo con los partidos catalanes forma parte de un conjunto más amplio de concesiones con las que Moncloa busca garantizar la estabilidad parlamentaria hasta el final de la legislatura. Sin embargo, el Ejecutivo ha prometido que la cuestión energética no se ligará directamente al apoyo a los Presupuestos de 2026.
El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, sostiene que las grandes eléctricas españolas —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP— no están interesadas en mantener operativas las centrales más allá del calendario fijado, debido a los elevados costes de adaptación a las normativas europeas tras el accidente de Fukushima. Sin embargo, las empresas responden que los sucesivos gobiernos han asfixiado al sector con impuestos y tasas que hacen inviable su rentabilidad.
