El Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo una nueva jugada estratégica para asegurar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2024, mientras espera señales de apoyo por parte de Junts y su líder, Carles Puigdemont. Sin embargo, el expresidente catalán se resiste a dar su visto bueno hasta que no vea avances significativos en la concesión de una amnistía para los líderes del golpe separatista. Según fuentes gubernamentales apuntan al diario The Objective, la pieza clave de este movimiento sería una resolución favorable del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de amnistía, que podría llegar antes de fin de año.
En Moncloa, confían en que el fallo del TC sobre la amnistía, incluso en lo que respecta a los delitos de malversación, sea positivo y refleje «la voluntad del legislador», lo que abriría la puerta a continuar con las negociaciones presupuestarias con Junts. Este paso permitiría al Gobierno argumentar que ha hecho todo lo posible por cumplir con las demandas de Puigdemont, dejando en manos de otros actores, como el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las decisiones finales. Aunque Puigdemont podría no beneficiarse de la amnistía hasta finales de legislatura, en 2026, el Ejecutivo espera que este avance sea suficiente para atraer a Junts a la mesa de negociación.
El calendario es ajustado. Pedro Sánchez ha señalado que presentará los presupuestos tras los congresos de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se celebrarán a finales de octubre y noviembre. La fecha clave para la presentación de las cuentas públicas sería en diciembre, mes en el que tradicionalmente se aprueban tras intensos debates y trámites parlamentarios. No obstante, el Gobierno busca algo más que la aprobación definitiva de los PGE; lo que realmente persigue es enviar el mensaje de que habrá presupuestos antes de que termine el año, lo cual es crucial para desbloquear la negociación con las formaciones independentistas.
Para que el Ejecutivo logre superar el primer escollo de la tramitación presupuestaria, el debate de totalidad, cuenta con que ERC y Junts no presenten enmiendas en bloque, algo que se espera ocurra como respuesta al «gesto de buena voluntad» que representaría la resolución del Constitucional sobre la amnistía. Este movimiento permitiría a Sánchez seguir avanzando en la negociación de las cuentas públicas, confiando en que solo PP y VOX se opongan frontalmente en este primer trámite.
El factor decisivo en este complejo tablero político será la rapidez con la que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la amnistía, particularmente tras el rechazo del Tribunal Supremo a aplicar esta medida en los casos de malversación. Si bien este recurso podría acabar en el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), cuyo fallo no llegaría antes de un año o año y medio, el Gobierno tiene la esperanza de que el pronunciamiento favorable del TC pueda impulsar las negociaciones presupuestarias a corto plazo.
En este contexto, Carles Puigdemont se enfrenta a una encrucijada: tendrá que decidir si apoya los presupuestos antes de que se materialice la concesión de la amnistía que reclama. Según indican fuentes del Gobierno, el gesto del Constitucional podría ser suficiente para convencer al líder de Junts de que el Ejecutivo ha agotado sus opciones y ahora el balón está en su tejado.
