El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impuso la decisión de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entrara en el capital de Talgo, a pesar de que los informes internos del organismo público desaconsejaban esa operación. Según ha desvelado The Objective, los técnicos de la SEPI y del Ministerio de Hacienda consideraban que la inversión no ofrecía garantías de rentabilidad ni de recuperación de fondos, y alertaban del elevado riesgo financiero que suponía implicarse en el fabricante de trenes.
A lo largo de los últimos meses, tanto Hacienda como la propia SEPI se habían mostrado contrarios a destinar recursos públicos a una empresa cuya situación económica era considerada delicada. De hecho, varios análisis internos coincidían en que la operación no generaría dividendos ni retornos suficientes para justificar la participación del Estado. Sin embargo, el Gobierno decidió seguir adelante, presionado por la necesidad de respaldar al consorcio vasco que busca adquirir el control de la compañía y mantener su actividad en Euskadi.
La intervención directa de Sánchez fue determinante. A pesar de las objeciones técnicas, La Moncloa desbloqueó la entrada del holding público en Talgo a través de una ampliación de capital y préstamos convertibles, convirtiendo una negativa reiterada durante casi dos años en un giro político que ha generado malestar interno tanto en la SEPI como en otras áreas del Ejecutivo. La decisión, impulsada tras la reciente reunión del presidente con el Lehendakari Imanol Pradales, ha terminado prevaleciendo sobre los argumentos económicos que, hasta ahora, habían frenado cualquier movimiento en esa dirección.
