Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ignoraron las denuncias remitidas por militantes del PSOE de Majadahonda (Madrid) que alertaban de presuntas irregularidades en la elaboración del censo interno del partido, según avanza Vozpópuli. Las acusaciones señalaban directamente a Borja Cabezón, recientemente nombrado adjunto en el área de Transparencia y Acción Democrática de la Secretaría de Organización del PSOE, cargo al que accedió tras la salida de Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva por su posible implicación en la trama Koldo.
Los hechos denunciados se remontan a abril de 2017, cuando Cabezón formaba parte de la comisión gestora que dirigía provisionalmente el partido antes del proceso de primarias que devolvería a Sánchez al liderazgo nacional. En ese contexto, varios miembros de la ejecutiva local de Majadahonda detectaron una alteración en el censo de afiliados de la agrupación, al aparecer once nuevas altas de vecinos registrados en Las Rozas —localidad vecina— pero incorporados irregularmente como militantes de Majadahonda.
El 25 de abril de ese año, y ante la inminente celebración de las primarias en las que competían Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López, la agrupación de Majadahonda presentó un recurso ante los órganos federales del partido. La denuncia fue enviada por burofax directamente a la sede nacional de Ferraz, donde ni Sánchez ni Ábalos —entonces con responsabilidades clave en la organización interna— dieron respuesta. En ese escrito se calificaba lo ocurrido como un caso claro de “corrupción política”.
El fondo de la cuestión iba más allá del proceso de primarias: el mismo censo manipulado serviría también para las elecciones internas que debían renovar la ejecutiva local de Majadahonda, y que Cabezón aspiraba a presidir. Desde la agrupación afectada se denunció que los once afiliados fueron trasladados fraudulentamente desde la agrupación de Las Rozas, alterando así el equilibrio interno y la representatividad del censo real.
Las tensiones aumentaron cuando, según relatan los denunciantes, el responsable del departamento federal de censos llegó a condicionar cualquier posible revisión del caso a un acuerdo político: Majadahonda debía respaldar al dirigente Herman Novotny, cercano a Cabezón, para ocupar un puesto en el comité regional del PSOE madrileño. La agrupación local rechazó ese ofrecimiento, lo que dejó el caso sin resolver.
Curiosamente, años atrás el propio Borja Cabezón se había mostrado crítico con procesos similares. En 2015, él mismo alertó de presuntas irregularidades que rodearon la elección de Sara Hernández —afín a Sánchez— como secretaria general del Partido Socialista de Madrid (PSM), en un momento en que sus vínculos con el líder del partido eran más bien distantes.
Ahora, con Cabezón reintegrado en los órganos de dirección del PSOE y con Ferraz sacudido por la crisis derivada del caso Koldo, aquellas viejas denuncias sobre censos manipulados y presiones internas resurgen para cuestionar la transparencia del partido en procesos clave de su vida orgánica.
