El equipo de personal de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanzó en enero de 2024 las 795 personas, de las cuales 444 están directamente adscritas a Presidencia, que abarca también los ministerios de Justicia y Política Territorial.
En comparación, otros países europeos con poblaciones más numerosas y estructuras administrativas complejas emplean significativamente menos asesores. El Reino Unido, con una población de 68 millones y un Gabinete de 21 ministros encabezado desde julio por Keir Starmer, dispone de sólo 128 asesores. Este número es apenas una sexta parte de los que trabajan en España. Además, entre abril de 2023 y marzo de 2024, el gasto en nóminas de asesores británicos se situó en 12 millones de euros, 65 millones menos que en España.
En Francia, donde la población también ronda los 68 millones, la estructura de asesoramiento es más reducida que en España. El gobierno del ahora ex primer ministro Michel Barnier, compuesto por 19 ministros, empleaba 356 asesores en total. De estos, 56 estaban al servicio del presidente y 71 del primer ministro, con estrictos límites de 15 asesores por ministerio, salvo excepciones. Además, tanto Francia como el Reino Unido publican detalles sobre la identidad y los salarios de sus asesores, algo que sigue siendo una asignatura pendiente en España, donde Pedro Sánchez se niega repetidamente a revelar estos datos.
A este personal de confianza se suman los 778 altos cargos del Gobierno, una cifra récord en la democracia española y que supera en 117 la que tenía Mariano Rajoy en el tramo final de su mandato. Entre altos cargos y asesores, el número total de efectivos asciende a 1.573, con un coste promedio de 82.000 euros netos anuales por persona. El punto más alto de este gasto se registró en el segundo semestre de 2023, justo tras las elecciones generales del 23-J, cuando se contabilizaron 1.626 personas en estos roles.
Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que, hasta octubre de 2023, se habían destinado 63,2 millones de euros a las nóminas de asesores, sin incluir incentivos por productividad ni gastos sociales. A finales de año, este gasto superará los 78 millones. En comparación, en 2018, el presupuesto dedicado a estas retribuciones era de 44 millones. Además, el presupuesto para los salarios de altos cargos ha crecido un 25% en seis años, pasando de 72 millones en 2018 a 90 millones previstos para 2024.
Una de las razones del protagonismo de los asesores es la creación de la Oficina de Prospección Estratégica, impulsada por Iván Redondo. Este organismo agrupa perfiles de alto nivel para asesorar al presidente y su entorno. Sin embargo, las estadísticas reflejan falta de control sobre el uso de estos recursos. Algunas fuentes apuntan a que un número indeterminado de asesores estaría dedicado a actividades ajenas a las funciones oficiales de Presidencia, como la asistencia a eventos privados de la esposa del presidente.
