El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y, para ello, ha comenzado a ofrecer a sus aliados concesiones clave; la última de ellas la oferta de puestos en el Consejo de Administración de RTVE.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley que amplía el número de consejeros de 11 a 15, con el objetivo de incluir a representantes de los partidos que apoyan al Gobierno en el Congreso, como ERC y Bildu. Según fuentes del Gobierno, se espera que estos partidos logren su lugar en el consejo, aunque Moncloa lo ha presentado públicamente como un esfuerzo por fomentar el «pluralismo» en los órganos de dirección de RTVE. De los 15 consejeros, 11 serán elegidos por el Congreso de los Diputados, donde la coalición de Sánchez tiene una mayoría al alcance, y los otros cuatro serán seleccionados por el Senado, donde domina el Partido Popular.
Este proceso de elección está sujeto a la posibilidad de que no se logre un acuerdo por una mayoría de dos tercios, como estipula la ley. Fuentes internas aseguran que es improbable que el PP se sume a algún pacto, lo que ha llevado al Gobierno a optar por una «fórmula de desbloqueo». Esta estrategia permite cambiar el requisito de una mayoría de dos tercios (234 diputados) a una mayoría simple en una segunda votación (176 diputados). La paradoja es que en 2012, el PSOE criticó al PP por recurrir a una táctica similar, llamándola un «golpe institucional» que rompía el consenso en torno a RTVE y alteraba las reglas del juego democrático.
Además, Moncloa quiere que las Cortes sean las responsables de aprobar los mandatos-marco de RTVE, que definirán los objetivos generales de la corporación en su rol de servicio público. Estos mandatos tendrán una duración de ocho años, con la posibilidad de ser prorrogados, y se desarrollarán en contratos-programa cada cuatro años, con el fin de evitar que los cambios de gobierno alteren la línea política de la corporación.
En un contexto donde la negociación presupuestaria se intensifica, el Gobierno es consciente de que le quedan pocos recursos que ofrecer a sus aliados. Esta situación ha sido aprovechada por Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, quien percibe la debilidad de Sánchez y ha instado a los socios de izquierda radical, como Bildu y ERC, a presionar al líder socialista para obtener concesiones. Iglesias ha puesto sobre la mesa demandas como romper relaciones con Israel e intervenir el mercado de la vivienda para reducir los alquileres, condiciones necesarias para asegurar sus votos.
La posición del PSOE en el Congreso es débil, y el futuro parlamentario de Sánchez depende, en parte, de la voluntad de Carles Puigdemont. El expresidente catalán, que sigue sin recibir la amnistía que reclama, tiene en sus manos la posibilidad de desestabilizar al Gobierno si no obtiene lo que pide. Desde hace semanas, Puigdemont ha dado señales de que está dispuesto a forzar la situación, dejando claro que, aunque Sánchez ofrezca concesiones, no será suficiente para asegurar la estabilidad del Ejecutivo a largo plazo.
