El Gobierno de Sánchez planea efectuar al menos dos relevos en la cúpula de la Guardia Civil para tratar de controlar definitivamente la Unidad Central Operativa (UCO) y reventar las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña Gómez, dos procedimientos judiciales que avanzan de forma paralela y que se han convertido en un dolor de cabeza para Moncloa. Ambos casos —que afectan de lleno al círculo más cercano del presidente del Gobierno— están bajo la lupa de una unidad de élite que lleva meses soportando presiones directas del Ejecutivo, según ha adelantado El Confidencial.
El foco principal de esta operación es el coronel Rafael Yuste, actual responsable máximo de la UCO y un mando de gran prestigio dentro del Instituto Armado. A pesar de ser el número uno de su promoción y haber superado con éxito el curso de acceso a general, por motivos de antigüedad y escalafón, su ascenso debería posponerse hasta 2026. Sin embargo, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos y forzar su promoción este mismo julio. El ascenso permitiría apartarlo de la unidad sin cesarlo abiertamente: se trataría como un «premio» institucional, pero implicaría su traslado inmediato a otro destino, alejado de las investigaciones sensibles que ahora lidera.
Esta estrategia permitiría al Gobierno mover piezas sin levantar sospechas de intervención directa. Desde hace meses, distintas fuentes alertan de las maniobras de Moncloa para limitar el trabajo de la UCO: presiones para conocer de antemano los informes, intentos de marcar el calendario de entrega a los jueces e incluso sugerencias sobre cómo redactar las conclusiones. Las presiones se habrían intensificado con los casos que afectan a la esposa del presidente, al secretario de organización del PSOE y a su propio hermano.
El movimiento para desactivar a Yuste no sería aislado. El segundo objetivo es el general Alfonso López Malo, actual jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil y superior directo de Yuste. Al igual que su subordinado, López Malo ha defendido con firmeza la independencia de las investigaciones frente a las intromisiones políticas. En su caso, su salida podría articularse con un ascenso a general de división —cargo que no requiere esperar al 1 de julio— para posteriormente reubicarlo y sustituirlo por un perfil más complaciente con las directrices del Ministerio del Interior.
El terreno ya está preparado para estos cambios. El Ministerio mantiene vacantes sin cubrir, como la jefatura de la Zona de Aragón, vacía desde marzo, y otras dos plazas de general en la estructura de la Dirección General de la Guardia Civil. Esto permitiría, en apariencia, presentar los relevos como parte de una renovación organizativa más amplia, disimulando su verdadera finalidad: debilitar la autonomía de la UCO y frenar las pesquisas más comprometedoras para el Gobierno.
Las tensiones entre Moncloa y la UCO no son nuevas, pero se han intensificado desde el estallido del caso Koldo. El propio Pedro Sánchez, en una carta dirigida a la militancia del PSOE la semana pasada, insinuó que la unidad policial actuaba al dictado de una conspiración de la derecha. Acusó a la UCO de facilitar argumentos a la oposición a través del informe sobre Santos Cerdán, al que consideró instrumentalizado con fines políticos.
En paralelo, la ministra portavoz Pilar Alegría se sumó a las descalificaciones en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde sostuvo que el informe de la UCO “no estaba judicializado”, ignorando que el caso Cerdán lleva más de dos años en sede judicial. A ello se suma la destitución reciente del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, uno de los últimos altos cargos del entorno de Marlaska que no estaba afiliado al PSOE, sustituido por Aina Calvo, exalcaldesa de Palma y militante del partido.
