Aunque las negociaciones de la investidura se han encallado estos últimos días por las diferencias en el seno del Gobierno de coalición respecto al ataque terrorista de Hamás sobre la población israelí, lanzado el pasado 7 de octubre desde la Franja de Gaza, PSOE y Sumar ya dan por hecho que la investidura de Pedro Sánchez logrará los apoyos suficientes.
En esta negociación, ambos partidos ya están tanteando el reparto de ministerios. Mientras que los socialistas quieren recuperar el Ministerio de Igualdad, para el que suenan perfiles como Carmen Calvo o Andrea Fernández, Sumar podría aceptar sin finalmente consiguen la cartera de Sanidad. Este es el cambio que busca Pedro Sánchez, que pretende hacerse con el Ministerio más polémico de todos —ahora en manos de Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam— y a cambio entregar el de Sanidad, que cada vez cuenta con menores competencias. Para esta cartera podría sonar la médico y madre de la Comunidad de Madrid, Mónica García.
Esta cesión, sin embargo, pretende estar apuntalada por nuevas reformas del actual ministro, José Miñones. Marcado por un perfil bajo tras todos sus antecesores en el Ministerio —cinco ministros en apenas cinco años—, Miñones quiere salir del Ministerio «con alguna cosa con la que ser recordado». Desde su incorporación al Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, su única medida popular ha sido decretar el fin de la crisis sanitaria y, con ella, el fin de las mascarillas.
Para dejar el camino pautado a un posible sucesor de Sumar al frente del Ministerio, Miñones ha emprendido dos batallas algo «incongruentes» con la línea de trabajo de la cartera durante esta legislatura. Más teniendo en cuenta que el actual Gobierno se encuentra en funciones. La primera iniciativa que ahora inquieta a Miñones es la aprobación de un Real Decreto sobre evaluación de las tecnologías sanitarias. Y además, Sanidad ha anunciado que se retomarán las negociaciones para la aprobación del Plan Estratégico de la industria farmacéutica este mes.
Aunque estos proyectos serían acogidos por la industria farmacéutica con buenos ojos, y supondrían un hito para la cartera de Miñones —vacía de competencias por la descentralización—, el Gobierno en funciones no puede aprobar ni el Real Decreto ni el Plan de la Industria «porque exceden del criterio de administración ordinaria de asuntos que establece la Constitución». No sería esta, sin embargo, la primera vez que el Gobierno del PSOE y Podemos reorientan este «criterio» para poder aprobar ciertas medidas por la vía rápida.
