El Gobierno de Pedro Sánchez deberá tomar una decisión en las próximas semanas sobre la posibilidad de otorgar un segundo indulto a Oriol Junqueras, una medida que fue solicitada por un particular a principios de verano. Esta nueva solicitud busca eximir al exvicepresidente de Cataluña y a otros líderes independentistas encarcelados de la inhabilitación que todavía pesa sobre ellos. En el caso concreto de Junqueras, la pena de inhabilitación se mantiene vigente hasta el año 2031.
El objetivo del indulto, según fuentes próximas a La Moncloa consultadas por Vozpópuli, es preservar la estabilidad en las relaciones entre el PSOE y ERC. Este movimiento permitiría consolidar el apoyo de Junqueras, en un momento de tensiones internas dentro del partido separatista. El Gobierno de Sánchez, consciente de la situación, está acelerando el proceso para reforzar el vínculo con Esquerra Republicana en un contexto político delicado.
El Tribunal Supremo, el pasado febrero, decidió mantener las penas de inhabilitación tras la reforma del delito de malversación promovida por el Ejecutivo. Esta decisión afectó directamente a Junqueras y a otros implicados en el proceso soberanista, impidiéndoles volver a la política activa en un año crucial con elecciones municipales, autonómicas y generales en el horizonte. Debido a esta inhabilitación, Junqueras no pudo encabezar la lista de ERC en las autonómicas, dejando el liderazgo en manos de Pere Aragonés, quien sufrió una de las derrotas más significativas del partido, perdiendo trece escaños y viendo comprometida su continuidad política.
La Fiscalía, que en su día acusó a Junqueras de rebelión, ha mostrado ahora una postura favorable a conceder este segundo indulto a los implicados en el golpe separatista. En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, el ministerio público argumenta que la continuidad de la inhabilitación es desproporcionada, especialmente cuando otros participantes en el proceso separatista están viendo cómo se archivan sus causas sin llegar a ser juzgados.
Además del líder de ERC, otros exconsejeros como Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa podrían beneficiarse de esta medida de gracia. La Fiscalía subraya que, en virtud de la futura Ley de Amnistía, muchos de los implicados en los sucesos del 1-O, como Carles Puigdemont, verán sus responsabilidades penales extinguidas, lo que hace injusto que figuras como Junqueras sigan inhabilitadas.
