El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende adelantarse al impacto de los escándalos de corrupción que golpean a su entorno más cercano con una reestructuración profunda de su equipo ministerial. Aunque en principio la remodelación estaba prevista para el mes de septiembre, fuentes del Ejecutivo y del PSOE aseguran que la operación podría ejecutarse en julio, e incluso algunos no descartan que se produzca en cuestión de días.
El objetivo más inmediato del presidente es apartar cuanto antes al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, antes de que la justicia dé a conocer un nuevo informe de la Guardia Civil que podría comprometerlo gravemente. Sánchez busca evitar así un nuevo episodio como el del caso de Santos Cerdán, cuya implicación negó durante semanas mientras insistía en acusaciones de «bulos» y «campañas orquestadas», hasta que la realidad lo dejó sin margen de maniobra.
El magistrado del Supremo que instruye la causa, Leopoldo Puente, solicitó hace tres meses los intercambios de mensajes entre los principales implicados en la trama: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, junto a los dos aforados Cerdán y Torres. La primera parte del análisis ya se ha hecho pública, pero se espera una segunda entrega, previsiblemente después del verano, a causa del enorme volumen de documentación incautada durante los registros a empresas y domicilios.
En el foco de la investigación está la supuesta conexión del ministro Torres con una red para facilitar la entrada de petróleo venezolano a España, utilizando a Canarias como plataforma logística en lugar de República Dominicana. Según lo revelado por The Objective, Torres se habría reunido en varias ocasiones con De Aldama y su socio Claudio Rivas para poner en marcha una refinería en el archipiélago. El entramado habría permitido la llegada de hasta 11 buques cargados con crudo venezolano a través de la empresa Villafuel SL, que obtuvo su licencia como operadora de hidrocarburos gracias, presuntamente, a las gestiones del exministro Ábalos.
A esta posible destitución se suma otra salida que ya se da por hecha en Moncloa: la de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Su vinculación con Santos Cerdán, así como su supuesta intervención en el retraso de la jubilación de un alto funcionario implicado en las adjudicaciones de los túneles de Belate, ha generado un enorme malestar interno. El caso salpica además a su entorno cercano: su pareja mantenía una relación laboral con Servinabar 2000, la empresa adjudicataria del contrato público valorado en 76 millones de euros que está bajo sospecha.
