En 2018 y 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó la posibilidad de que el catalán, el gallego y el vasco fueran reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea. Según las respuestas parlamentarias a solicitudes de diputados independentistas catalanes, los argumentos principales esgrimidos por La Moncloa en aquel momento eran el elevado coste económico y, sobre todo, la imposibilidad jurídica, ya que los tratados comunitarios no permiten ese reconocimiento.
Sin embargo, tras las elecciones de 2023, la postura del Ejecutivo cambió ante la necesidad de contar con los votos de Junts para conservar el poder. En este contexto, el presidente del Gobierno modificó su posición y el coste dejó de ser un obstáculo, mientras que las barreras legales fueron ignoradas. Lo que antes eran líneas rojas pasaron a convertirse en «compromisos irrenunciables».
La reciente reunión del Consejo de Asuntos Generales ha servido para recordar que las lenguas cooficiales españolas ya cuentan con cierto reconocimiento en el ámbito comunitario. Actualmente, cualquier ciudadano español puede dirigirse a instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Defensor del Pueblo Europeo, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo o el Tribunal de Justicia en catalán, gallego o vasco, y recibir respuesta en la misma lengua.
