El cerco judicial que se estrecha sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, con escándalos que ya alcanzan de lleno a su entorno familiar —como el caso de Begoña Gómez—, ha encontrado una nueva muralla institucional: la creación exprés de un Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública. El movimiento, aprobado vía Real Decreto de urgencia, supone un cambio profundo en la estructura del Ministerio Fiscal y refuerza el control político sobre futuras investigaciones incómodas.
El elegido para el cargo ha sido Emilio Sánchez Ulled, un perfil vinculado al sector progresista de la carrera fiscal. Su nombramiento, propuesto por el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se formalizó este martes en un Pleno del Consejo Fiscal marcado por la tensión: siete vocales se negaron a votar al considerar que no se garantizaba la neutralidad exigible.
La nueva figura, cuya creación parte directamente de Moncloa, solapa funciones con la Fiscalía Anticorrupción, lo que anticipa posibles colisiones de competencias. En caso de conflicto, será el propio García Ortiz quien decida qué fiscal se hace cargo del caso. Bastará con que determine si el asunto tiene o no «especial trascendencia», un criterio subjetivo que podría dejar fuera a Anticorrupción en los casos más comprometidos políticamente.
Los fiscales consultados consideran que, si el objetivo real fuera reforzar la lucha contra la corrupción, lo lógico habría sido dotar de más medios y personal a Anticorrupción, en lugar de crear una estructura paralela. De hecho, este nuevo departamento vendrá acompañado de dos fiscales adicionales, tres puestos en total que se restan a la especialización ya existente.
De haberse aplicado este nuevo sistema durante la irrupción del caso Koldo, es probable que el escándalo no hubiese llegado nunca a manos de Anticorrupción. El fiscal General, con poder absoluto para dirimir estos conflictos, podría haber entregado la causa a un fiscal designado por él mismo, alegando que se trataba de un asunto de menor entidad.
El resultado es un cortafuegos institucional para proteger al Ejecutivo ante posibles investigaciones que comprometan a ministros, familiares del presidente o miembros del círculo cercano al poder. Todo bajo el paraguas de una Fiscalía General que ya ha sido señalada por su connivencia con el Gobierno en múltiples ocasiones.
A este nuevo fiscal de Sala también le compete marcar criterio en causas por revelación de secretos, un delito por el que el Tribunal Supremo imputa a García Ortiz tras sus filtraciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Emilio Sánchez Ulled es fiscal desde 1994. Se declaró en su día «de izquierdas» y llegó a presidir la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fue fiscal en el juicio por el referéndum ilegal del 9-N y en el caso Palau. Desde 2017, ejerce como Consejero de Justicia ante la Unión Europea en Bruselas y anteriormente pasó por múltiples destinos en Cataluña. También fue delegado de la Fiscalía Anticorrupción y trabajó como experto para la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
Con este movimiento, Moncloa redibuja las reglas del juego judicial para los casos de corrupción. Y lo hace justo cuando más las necesita.
