El Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque la investigación del Tribunal Supremo por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso le conduzca al banquillo de los acusados.
Fuentes de La Moncloa manifiestan que la apertura del juicio oral no es tan fácil… y reiteran que pase lo que pase no dejarán de respaldar a García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, aunque desde la propia Fiscalía sostienen que la situación será «cada vez más insostenible».
Cabe señalar que 13 fiscales de Sala le remitieron una carta en la que pedían su dimisión tras declarar en el Tribunal Supremo. Manifestaron que la comparecencia para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor era «impropia de un Estado Democrático de Derecho» y denunciaron la «tensión insoportable» a la «imagen del Ministerio Fiscal».
Mientras, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha insistido en la necesidad de que España reforme el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para modificar el sistema de elección del fiscal general al considerar que la relación del jefe de la Fiscalía con el Poder Ejecutivo «sigue generando preocupación pública» en cuanto a su percepción de independencia.
Así, insta de nuevo a las autoridades españolas a proceder con «la reforma más amplia» del EOMF para revisar, entre otros aspectos, el sistema de nombramiento del fiscal general y la autonomía del Ministerio Público. En este sentido, recuerda que ya recomendó a España que «reconsiderara el método de elección» y su «periodo de mandato».
