El avance de la investigación del Tribunal Supremo sobre la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso que implica al fiscal general del Estado ha entrado en una fase de espera. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, ya asume que la conclusión de la instrucción se prolongará debido al último intento por recuperar los mensajes y correos electrónicos eliminados de los dispositivos de Álvaro García Ortiz. El destino de la causa depende en buena medida de la respuesta de Google y WhatsApp, compañías a las que el juez remitió comisiones rogatorias hace unas semanas. Según avanza El Confidencial, el tiempo de espera mínimo para este tipo de trámites internacionales es de al menos un mes.
La decisión del instructor de prorrogar la investigación por un periodo adicional de seis meses responde precisamente a esta previsión. No sólo hay que aguardar la contestación de ambas empresas, sino también analizar la información obtenida y determinar si procede ordenar nuevas diligencias. En cualquier caso, cuando finalice esta fase, el magistrado tendrá que decidir si abre juicio oral o si archiva la acusación de revelación de secretos que pesa sobre los investigados. De momento, tanto Google como WhatsApp han manifestado su disposición a colaborar, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que ambas han procedido a la «conservación de datos» del titular de la cuenta de correo y del servicio de mensajería objeto de la petición judicial.
El juez Hurtado busca acceder a las comunicaciones eliminadas, aunque no hay certeza de que este último intento rinda frutos. En el caso de WhatsApp, la solicitud judicial incluye la recuperación de mensajes intercambiados por los usuarios, así como los detalles esenciales de cada comunicación, como fecha, hora, remitente y destinatario. Por su parte, en lo que respecta a Google, se han reclamado los datos vinculados a la cuenta del fiscal general, incluyendo el contenido almacenado en distintos servicios y productos, además de copias de seguridad de los dispositivos asociados.
Otro factor que podría ralentizar aún más la instrucción es la posible profundización en la implicación del Gobierno en la filtración. Sin embargo, esta línea de investigación no parece avanzar significativamente, especialmente después de la declaración de Pilar Sánchez Acera, asesora en Moncloa y colaboradora de confianza de Óscar López. Durante su comparecencia, que tuvo lugar hace una semana, la asesora no ofreció datos concluyentes y evitó señalar responsables. Aseguró no recordar quién le envió el correo sobre el empresario Alberto González Amador, que posteriormente reenvió a Juan Lobato para que lo utilizara contra Ayuso en la Asamblea de Madrid. Asimismo, alegó que su dispositivo telefónico también había sido formateado. Las acusaciones solicitaron diligencias adicionales para verificar su testimonio, pero el juez rechazó estas peticiones y no ordenó la entrega inmediata de su teléfono. Lo que sí está pendiente de decisión es si citará al técnico del Ministerio de Transformación Digital que eliminó los chats de WhatsApp de la asesora al hacer un cambio de terminal por motivos laborales.
