Tras las elecciones generales del 23 de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez regaló más de 40 millones de euros a Cataluña. En concreto, poco después de la cita electoral, le Generalidad fue subvencionada con 43 millones para los Mossos d’Esquadra.
Una subvención, apenas días después de que Sánchez viera evidente la necesidad del apoyo de los partidos separatistas para su investidura, dividida en tres fases: primero, mediante la participación de los Ministerios de Interior y de Hacienda con informes; después, con el aval de la subvención desde la Secretaría de Estado de Presupuestos; y finalmente, gracias a la aprobación en el seno del Consejo de Ministros en el mes de agosto.
A la dudosa práctica de aprobar una subvención millonaria en pleno mes de agosto, el Gobierno lo hizo entonces en funciones. Mediante dos transferencias —una por valor de 25 millones y la otra por valor de 18 millones—, Pedro Sánchez premió a estas fuerzas de seguridad regionales bajo el pretexto de desarrollar la «transición energética» dentro de los Mossos d’Esquadra con una nueva flota de vehículos y edificaciones.
Además, para justificar la millonaria subvención, el Gobierno socialista se parapetó en la guerra de Ucrania. Así, en el texto de esta transferencia de dinero, el Consejo de Ministros quiso reflejar que «el contexto actual, marcado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la disrupción en las cadenas de suministro, ha puesto de manifiesto, más que nunca, la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea en ámbitos clave, entre los que destaca especialmente el de la transición energética».
