El flujo de ayudas económicas de España a República Dominicana a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha despertado inquietudes debido a las conexiones de este país con supuestas tramas de corrupción. Según el seguimiento realizado por el exdiputado y Policía Nacional Pablo Cambronero, se han registrado más de 30 subvenciones públicas otorgadas a diversas entidades dominicanas, que han suscitado numerosas preguntas.
Entre las partidas más destacadas figura una subvención de 610.000 euros entregada a la Fundación Inicia Educación, supuestamente destinada a mejorar el sistema educativo en el país caribeño. Sin embargo, Cambronero critica la ausencia de una contraprestación clara. También aparecen ayudas como los 170.000 euros a la Fundación Dominicana de Ciegos, 187.753 euros a la Fundación Solidaridad y 155.500 euros para la Asociación de Municipios de la región de Enriquillo.
En el ámbito institucional, AECID asignó 250.000 euros a la Policía Nacional Dominicana en 2021 y otros 238.421 euros al Consejo del Poder Judicial. A ello se suman los 350.000 euros otorgados al Ministerio de la Mujer de República Dominicana en 2022, así como fondos destinados a entidades como la Confederación de Mujeres del Campo, el Ministerio de Agricultura y la Oficina Nacional de Estadística, entre otros.
La elección de República Dominicana como destinatario de estas ayudas ha generado suspicacias, especialmente debido a su atractiva opacidad financiera y baja tributación. Estas características han llamado la atención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga presuntas relaciones del país con tramas de corrupción vinculadas al PSOE. Según la UCO, los agentes desplazados a la zona han enfrentado dificultades en la colaboración judicial, lo que agrava la percepción de falta de transparencia.
Un aspecto especialmente sensible es la posibilidad de que algunos implicados en tramas corruptas aprovechen la nacionalidad dominicana como un refugio estratégico para eludir la justicia española. La legislación de República Dominicana permite adquirir la ciudadanía con una inversión mínima de 200.000 dólares, lo que podría obstaculizar los procesos de extradición. Aunque existe un tratado bilateral firmado en 1981 para facilitar la extradición, la UCO teme que los obstáculos políticos y legales se conviertan en un escudo para los implicados.
El papel del país caribeño como destino recurrente de los vuelos oficiales del Falcon presidencial y su aparición en el entramado de blanqueo relacionado con el caso Koldo y Aldama han añadido más polémica. Cambronero advierte que las conexiones entre las tramas investigadas y República Dominicana merecen un escrutinio más riguroso, mientras critica la gestión de estas ayudas públicas por parte del Gobierno español.
La controversia subraya la necesidad de mayor transparencia y control en el uso de los fondos de cooperación internacional, en un contexto donde las acusaciones de corrupción ponen en tela de juicio tanto a los beneficiarios como a los responsables de gestionar estas partidas.
