El Ministerio de Sanidad está ultimando los detalles de su nueva ley antitabaco, la cual incluirá un catálogo ampliado de «espacios libres de humo». Entre las nuevas propuestas que se están considerando, figura la posibilidad de «prohibir fumar en vehículos privados». Esta medida ha sido sugerida por el Consejo General de Enfermería (CGE) y ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Este jueves finaliza el periodo de consultas para el anteproyecto de ley que pretende modificar la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, que establece medidas sanitarias frente al tabaquismo y regula la venta, suministro, consumo y publicidad de productos de tabaco. A un día de cerrar este plazo, el CGE ha solicitado que se incluya en la nueva normativa la prohibición de fumar en vehículos privados, especialmente cuando en ellos viajan menores.
Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, argumenta en su escrito de alegaciones que «diversos estudios científicos han demostrado que la concentración de humo en espacios cerrados como los coches es extremadamente dañina para los pulmones en desarrollo. Además, las partículas cancerígenas pueden permanecer adheridas a las superficies del interior del vehículo durante largos periodos de tiempo».
El Ministerio de Sanidad ha recibido la propuesta y ha asegurado que todas las aportaciones serán evaluadas. No obstante, fuentes del departamento de la ministra Mónica García han señalado que se necesitará la opinión de la Abogacía General del Estado para determinar la viabilidad legal de esta medida, ya que podría entrar en conflicto con ciertos derechos fundamentales.
El anteproyecto de ley se encuentra actualmente en la fase de revisión de alegaciones, y la propuesta del CGE es una demanda histórica de esta organización. Aunque fumar en vehículos privados no está actualmente prohibido, el Reglamento General de Circulación permite sancionar a conductores si el agente considera que el acto de fumar está causando una distracción. La Abogacía del Estado deberá ahora determinar si esta nueva regulación puede ser implementada sin vulnerar derechos fundamentales.
