La Guardia Civil destaca que la cúpula independentista manejaba una hoja de ruta que «no fue fruto del azar» sino que estaba «suficientemente planificada» por etapas y pasos a seguir.
La Guardia Civil ha acusado a los líderes y principales responsables independentistas de Cataluña de actuar con «tácticas propias de la delincuencia organizada» amparadas en el «secretismo» y en un «lenguaje convenido propio», que demuestra «cierto conocimiento de las técnicas policiales de investigación».
En un informe remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil destaca que la cúpula independentista manejaba una hoja de ruta que «no fue fruto del azar» sino que estaba «suficientemente planificada» por etapas y pasos a seguir.
Explica que la suma de las leyes de desconexión, las estructuras de Estado, la estrategia de desobediencia y de conflicto, que recoge el documento Enfocats -considerada hoja de ruta del independentismo- «era el coctel ideal para forzar la desconexión y la ruptura y alcanzar su objetivo final: la independencia de Cataluña y la creación de un estado propio».
La Guardia Civil sostiene que «semejantes planes» los han llevado a «actuar con tácticas propias de la delincuencia organizada» y apunta al expresidente Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller de Asuntos Exteriores Raúl Romeva como los máximos responsables de organizar el referéndum.
Como ejemplo, señala que en el documento Enfocats se dice literalmente que «el plan de desconexión no se tiene que hacer publico con detalle» y que «no hay que comunicar el funcionamiento de los órganos de coordinación del plan».
Un «secretismo», precisa el informe, que se observó en las actuaciones que practicaron para la organización y ejecución del referéndum y en la votación del 27 de octubre que proclamó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
El informe de la Guardia Civil asegura que a lo largo de las diversas intervenciones telefónicas se ha detectado la adopción por parte de los dirigentes independentistas de «unas precauciones en sus comunicaciones propias del comportamiento de la delincuencia organizada».
A modo de ejemplo cita los sistemas de comunicación que no son susceptibles de intervención como «WhatsApp, mensajes de Telegram con autodestrucción en cuestión de segundos, correos electrónicos con borrado casi inmediato» así como «diálogos prácticamente surrealistas donde hablan de esto, eso o aquel, sin concretar el asunto, objeto o persona».
Una forma de actuar, añade, que «pone de manifiesto que utilizan lenguaje convenido propio de la delincuencia organizada» y que «vendría a demostrar un cierto grado de conocimiento de las técnicas policiales de investigación», de forma que la Guardia Civil no descarta que hubieran tenido asesoramiento en esta materia.
Bajo esta estrategia, el texto señala que «los ideólogos del independentismo activaron mecanismo de desobediencia generalizada hacia las instituciones y resoluciones del Estado y prepararon a sus seguidores para un conflicto político, social y económico».
Y añade que «lejos de rehuir (dicho conflicto) contemplaban generar, gestionar y ganar valiéndose de una incansable propaganda institucional, apoyándose en entidades independentistas, y contemplando la posibilidad de recurrir a la unilateralidad».
La Guardia Civil también subraya que los planes independentistas «solo podrían fructificar si impulsaban movilizaciones sociales permanentemente con las que obtener legitimidad democrática para imponer sus voluntades políticas».
En este sentido, fue «clave» el papel de la ANC, Omnium y la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) hasta el punto de que dos dirigentes independentistas comentaron que «gracias a la presión popular no se detuvo a Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras», porque los agentes sabían que si los detendrían tendrían un problema y que gracias a esas movilizaciones ninguno había entrado en prisión
Además, la Guardia Civil analiza el papel de los Mossos y concluye que «parece meridiano» que fueron utilizados más para funciones de protección y seguridad de los miembros del Govern cuando estaban incumpliendo la ley que para cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales.
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