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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El separatismo rechaza las inversiones de Rajoy y sólo quiere el referéndum

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que ningún «ofertón» en forma de financiación e inversiones para la región podrá frenar el referéndum.

Desde Twitter, Turull se ha hecho eco de una información publicada por La Vanguardia según la cual Rajoy ofrecerá más financiación e inversión para Cataluña tras el 1-O, y ha ironizado al respecto.

«¿Promesa de ‘lluvia de millones vigésimo quinta versión? Tanto da. Ningún ‘ofertón’ impedirá el referéndum ni la aplicación de su resultado», ha escrito Turull.

También el consejero de Justicia, Carles Mundó, se ha referido a ello y ha restado credibilidad a los ofrecimientos que pueda hacer Rajoy: «Vuelve el palo y la zanahoria… ¡Esta película ya la hemos visto».

«Si el 1-O gana el ‘no’, la propuesta es la de siempre: viejas promesas que ni quieren ni pueden cumplir. Humo. Excusas. Disco rayado», ha añadido.

El PSC vuelve a rechazar la consulta

El teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha mantenido, en relación al desafío secesionista catalán, que «no se puede forzar o vulnerar el principio de la legalidad o el Estado de derecho», y ha asegurado que «eso es lo que vamos a hacer en los sitios» en los que gobierna el PSC.

Lo ha hecho a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada tras una reunión con el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, donde ha rechazado que los socialistas se hayan instaurado en la «indefinición» con respecto a este asunto.

«Defendemos el Estado de derecho y, en consecuencia, cualquier solución política a la situación que vive Cataluña tiene que estar dentro de los márgenes del Estado de derecho», ha enfatizado.

Jaume Collboni ha expresado que «es evidente que hay un problema político que arrastramos desde hace años» y ha abogado por abordarlo «políticamente».

«Lo que no se puede es forzar o vulnerar el principio de la legalidad o el Estado de Derecho, y eso es lo que vamos a hacer en los sitios en los que gobernamos», ha finalizado.

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