Los 250 guardias civiles que este lunes fueron expulsados por la presión separatista del Hotel Vila de la localidad barcelonesa de Calella han sido realojados en unas «instalaciones militares en condiciones lamentables».
Tal y como denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los agentes han debido pasar la noche en una nave diáfana sin ducha, ni toallas ni calefacción. Por este motivo han tenido que comprar sus propias toallas, y para asearse deben salir a otra nave. Tampoco disponen de mobiliario para guardar su ropa y otras pertenencias, que han de depositar directamente en el suelo.
El sentimiento entre estos trabajadores, que tuvieron que abandonar el hotel en medio de un ‘pasillo de la vergüenza’ en el que fueron insultados por los separatistas, es de profunda humillación y abandono por parte de la institución a la que sirven, que no es capaz de garantizarles un lugar digno de descanso tras jornadas maratonianas sometidos a un enorme estrés.
Es sólo una muestra más del nefasto operativo diseñado por Interior para los agentes desplazados a Cataluña. Para AUGC, la Dirección General y el Ministerio del Interior «se han limitado a enviar a los trabajadores a esta comunidad para dejarlos luego desatendidos y a los pies de los independentistas».
«Muchas de las actuaciones del domingo resultan incomprensibles, dado el escaso efecto que iba a tener actuar en unos escasos colegios electorales respecto al número total de puntos de votación del referéndum ilegal. Pese a esta circunstancia se expuso a los agentes a un alto riesgo y a las denuncias que ahora tendrán que afrontar a título personal», denuncia la organización.
AUGC entiende que, tras la jornada del 1 de octubre, «queda claro que el operativo confeccionado por Interior no ha sido eficaz y que el coronel Pérez de los Cobos no ha estado a la altura de las circunstancias. Otro tanto cabe indicar de las personas que le designaron para este cometido, el secretario de Estado de Seguridad y el ministro del Interior. Para llegar a esta conclusión basta con constatar cómo la gran cantidad de horas trabajadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no surtieron efecto alguno, ya que, llegado el momento, aparecieron 10.000 urnas en más de 2.300 puntos de votación para convocar un acto sin garantías».
«Pero es que una vez que se fue consciente por parte de Interior del éxito de este despliegue, se siguió sin embargo adelante con un plan que hacía aguas. Así, y ante la actitud de falta de profesionalidad de muchos mossos, cuya inacción facilitaba la celebración de un acto contrario a las instrucciones judiciales, se ordenó actuar a guardias civiles y policías en unos cuantos centenares colegios, pese a que eran conocedores que el fin último del operativo ya no podía llevarse a cabo», lamentan.
Las causas de por qué falló el despliegue radican, aseguran los agentes, «en la no intervención de las urnas y en consentir que se diera publicidad a la hora de clausurar de los puntos de votación, cuanto estos debían haberse cerrado antes y sin previo aviso para no permitir el despliegue de quienes mantienen una actitud de desafío a las leyes».
Por otra parte, para AUGC el Gobierno debería haber aprobado ya, «como mínimo, el estado de alarma para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad democrática, ante la paralización de servicios públicos esenciales en la Comunidad Autónoma de Cataluña».
Desde AUGC invitan al director general de la Guardia Civil, quien días antes del 1-O acudió a los barcos/ferrys para ver cómo estaban los agentes, a que que acuda ahora a ver cómo se encuentran los agentes expulsados del hotel donde se alojaban, y comprobar cuál es su estado de ánimo actual.
También ha causado «estupor ver y oír al ministro del Interior el 2 de octubre realizando declaraciones sobre la normalidad de la actuación de los Mossos». «Unas palabras pronunciadas mientras continúa el asedio y acoso hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que siguen esperando instrucciones», lamentan.
AUGC quiere, por tanto, denunciar «el efecto que todas estas actuaciones están suponiendo para los trabajadores del Cuerpo en Cataluña, que además de soportar los insultos y amenazas constantes por parte de los independentistas se ven desamparados por la institución a la que sirven».
Por último reiteran que «los guardias civiles y policías nacionales no se van a marchar de Cataluña, pues tienen todo el derecho a vivir y trabajar en esta comunidad, de la que muchos de ellos son también originarios. Por el contrario, seguirán velando y sirviendo para que en este territorio se cumpla la legalidad y se respete el marco democrático que todos los españoles nos dimos en la Constitución de 1978».
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