Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han mostrado su recelo tras aprobar el Congreso la Ley de Vivienda al considerar que «entorpece» operativamente sus actuaciones contra «okupas». La crítica parte de que el Gobierno no ha tenido en cuenta su opinión, como ya ocurrió con la malograda reforma de la ley de seguridad ciudadana.
«La nueva Ley de Vivienda no hace más que ahondar en la inseguridad que ya sufren los policías ante este tipo de situaciones», ha apuntado Hugo del Prado, portavoz de JUPOL. Según este sindicato de la Policía, con esta norma «no podrán intervenir por sorpresa al tener que comunicar el día y la hora con antelación a la intervención policial para el desalojo de la vivienda ocupada».
La nueva ley incorpora una batería de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación.
«En lo operativo, nos parece que la Ley perjudicará y entorpecerá nuestro trabajo de manera evidente», ha añadido el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Víctor M. Vigil, que también destaca que se pierde el «elemento sorpresa», lo que pone en riesgo la seguridad de los agentes.
«Si hay incidentes planificados previamente para entorpecer o impedir el desalojo pueden derivar en alteraciones del orden público y poner en riesgo a terceras personas», ha añadido el portavoz de la CEP, reacio a que se tenga que se tenga que «comunicar fecha y hora del lanzamiento». «Estamos ante una novedad innecesaria y que supone un obstáculo muy importante para la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», ha remarcado.
Desde los sindicatos policiales consideran que «vuelve a ser llamativo» que una reforma normativa que afecta al trabajo policial se plantee sin siquiera recabar la opinión de los representantes de las organizaciones representativas.
