García Ortiz ha tenido que enfrentarse este jueves a una exigencia firme de dimisión por parte de un grupo significativo de fiscales, a raíz de su imputación en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
El fiscal general del Estado abrió la sesión reiterando que su decisión de mantenerse en el cargo era «definitiva», pese a la fuerte oposición de algunos de los fiscales más veteranos, quienes cuestionaron su permanencia y el impacto que podría tener en la institución. Entre los que más presionaron para su dimisión estuvieron los fiscales del golpe separatista en Cataluña, como Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, que ya habían sido marginados tras rechazar la petición de amnistía para los condenados del referéndum ilegal del 1-O. A ellos se sumaron otros fiscales del Supremo, como Antonio Narváez, José Miguel de la Rosa y Elvira Tejada, quienes pidieron a García Ortiz reconsiderar su posición «por el bien de la Institución».
Sin embargo, la mayoría de la Junta, dominada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y por fiscales nombrados por García Ortiz o su predecesora, Dolores Delgado, se alineó con el fiscal general, argumentando que debía seguir en su puesto mientras la investigación del Tribunal Supremo estaba en una etapa tan temprana. A pesar de que no hubo votación formal sobre su continuidad, quedó claro que contaba con el respaldo de un sector considerable de la cúpula fiscal, aunque no por unanimidad.
La sesión, que comenzó con una hora de retraso, tuvo la particularidad de que los cuatro fiscales que asistieron de manera telemática no pudieron intervenir debido a una decisión tomada al inicio de la reunión, lo que redujo el número de opiniones expresadas. De los 31 fiscales presentes, 12 manifestaron abiertamente su desacuerdo con la permanencia de García Ortiz, mientras que 10 lo apoyaron sin reservas. Otros, como Jesús Tirado, se ausentaron antes de posicionarse, y cinco fiscales, entre ellos el jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, prefirieron no pronunciarse. Cuatro más, aunque críticos con la situación, no exigieron una renuncia directa.
No es la primera vez que las reuniones de la Junta de Fiscales han estado marcadas por tensiones desde que García Ortiz asumió el cargo. Ya en otras ocasiones, se vivieron momentos conflictivos, como cuando se discutió el apoyo de la Fiscalía a la investigación por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont o la posición respecto a la aplicación de la ley de amnistía.
